La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como “Los Primos”, presuntamente intervinieron en nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas y la Secretaría de Marina para facilitar una red de contrabando de combustibles.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, señaló que Manuel Roberto Farías Laguna gestionaba directamente esas designaciones y promociones. La acusación describe una estructura que habría colocado a personas afines en posiciones estratégicas para permitir el ingreso ilegal de hidrocarburos y obtener ganancias mediante la evasión de impuestos.
Hallan expedientes confidenciales y armas en una bodega
Uno de los hallazgos centrales de la investigación ocurrió durante el cateo de una bodega que Manuel Roberto Farías Laguna arrendaba en la Ciudad de México. En el inmueble, agentes federales localizaron listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.
La FGR también encontró objetos de lujo y armas sin el debido registro. Los documentos forman parte de los elementos recabados para reconstruir la presunta intervención del exmando naval en los movimientos de personal y la operación de la red.
Godoy explicó que los datos de prueba contra los hermanos se encuentran bajo valoración del Poder Judicial. La Fiscalía atribuye a ambos una participación destacada en la estructura que permitía importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible ingresado ilegalmente a México.
Así operaba la red de huachicol fiscal
La organización, de acuerdo con la investigación federal, utilizaba buques que partían principalmente de Texas con cargamentos de hidrocarburos. Al llegar a México, el combustible era declarado como aceite o aditivos, con el propósito de modificar su tratamiento fiscal y evitar el pago de los impuestos correspondientes.
El esquema incluía pagos a servidores públicos y agentes aduanales para permitir el paso de los embarques. Las revisiones se realizaban de forma simulada mediante muestreos superficiales, validación de volúmenes manipulados y maniobras que permitían liberar el combustible sin una inspección efectiva.
La Fiscalía también identificó la coordinación de calendarios de arribo y la desactivación de cámaras para impedir que quedara registro de las descargas. Una vez en territorio nacional, el combustible se distribuía a través de tres empresas legalmente constituidas, mientras compañías fachada y triangulaciones financieras daban apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.
Este mecanismo combinaba el control de puestos aduanales con la manipulación documental, la logística de transporte y operaciones financieras para sostener el negocio ilegal.
El decomiso de 10 millones de litros en Altamira
La indagatoria tiene su origen en 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
Las investigaciones condujeron al aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, durante 2025. A partir de ese cargamento, las autoridades identificaron una organización con capacidad para intervenir en distintas etapas del contrabando y la comercialización de combustible.
La FGR ha relacionado operaciones de la misma estructura con Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. El seguimiento incluye a accionistas, apoderados legales y enlaces que presuntamente participaron en diferentes fases de la cadena.
Los hermanos Farías y su vínculo con la Marina
Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y su hermano Fernando, contralmirante, son sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía los identifica como figuras relevantes de la presunta red de huachicol fiscal y les atribuye influencia sobre movimientos de personal en aduanas y dentro de la institución naval.
La fiscal general sostuvo que las responsabilidades penales deben determinarse de manera individual. También destacó que el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones.
El caso coloca en el centro de la investigación el uso presuntamente irregular de cargos públicos para controlar operaciones aduaneras, facilitar el contrabando y ocultar el origen de los recursos. La FGR continuará las diligencias contra las personas que hayan participado en la estructura.
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