La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario y dueño de la mitad de la franquicia de Miss Universo, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con fuentes federales, la petición fue presentada ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, como parte de una investigación en la que también aparecen señalados los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar.
La solicitud forma parte de una carpeta judicializada por la FGR, luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que se investigan presuntos movimientos financieros realizados mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas.
UIF señala presunta estructura financiera encabezada por Raúl Rocha Cantú
Según la investigación, la UIF identificó a Raúl Rocha Cantú como probable beneficiario controlador y presunto responsable de una estructura corporativa utilizada para movilizar recursos.
La carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025 incluye señalamientos relacionados con operaciones realizadas a través de distintas empresas y cuentas bancarias.
Entre los elementos integrados en la indagatoria se encuentran adquisiciones de propiedades mediante cheques de caja por un millón 17 mil 176 pesos cada uno, con un monto acumulado de aproximadamente 6 millones 950 mil pesos.
Asimismo, la investigación refiere que Raúl Rocha Cantú aparece en una lista de vigilancia internacional del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo estadounidense encargado de combatir delitos financieros.
Las autoridades investigan si los movimientos detectados forman parte de un esquema para introducir recursos de presunta procedencia ilícita al sistema financiero.
Empresas habrían movilizado millones de pesos, según investigación
Dentro de los indicios presentados por la FGR, se señala que la empresa Impulsora Eagle, S.A. de C.V. habría movilizado 122 millones 847 mil 167 pesos en un periodo de un año.
Además, la compañía recibió un pago del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por 667 mil 902 pesos el 22 de noviembre de 2024.
La investigación también menciona a Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan, S.A. de C.V., donde presuntamente fueron detectados movimientos por más de 86 millones de pesos mediante cientos de depósitos.
De acuerdo con la UIF, estos movimientos podrían representar un mecanismo para introducir efectivo al sistema bancario mediante negocios dedicados al sector restaurantero.
Otro de los casos señalados corresponde a Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V., empresa propiedad de Raúl Rocha Cantú, que recibió un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 745 millones de pesos en febrero de 2023.
La investigación analiza si este contrato representó algún tipo de beneficio económico relacionado con otras personas vinculadas a la organización empresarial.
Investigan cuentas bancarias y presuntos movimientos financieros
La indagatoria también incluye a la empresa GI Euromex, S.A. de C.V., identificada por la UIF como una sociedad utilizada como tesorería y holding operativo.
De acuerdo con la investigación, sus accionistas son Raúl Rocha Cantú y Andrés Javier Vázquez Ruiz.
A través de esta compañía se habrían realizado movimientos bancarios superiores a 122 millones de pesos durante 2025, según los registros analizados por las autoridades.
La investigación señala además que fueron aseguradas alrededor de 500 cuentas bancarias relacionadas con la presunta red financiera.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación ministerial y será un juez federal quien determine si existen elementos suficientes para girar la orden de captura solicitada por la FGR.
Raúl Rocha Cantú ya había sido señalado por huachicol y delincuencia organizada
El empresario también enfrenta antecedentes relacionados con otra investigación federal.
El año pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro ordenó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos, además de posibles vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, la orden no fue ejecutada debido a que el empresario se acogió a un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador.
Posteriormente, al no acudir a entrevistas programadas ante el Ministerio Público Federal, la FGR buscó reactivar la orden de captura.
Rocha Cantú promovió un amparo y obtuvo una suspensión, aunque días después un tribunal colegiado revocó esa medida, dejando abierta la posibilidad de que la autoridad continúe con las acciones legales correspondientes.
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