La relación en México del poder y los medios de comunicación, tradicionales y plataformas digitales, están en una ruta de confrontación que cada día puede ser más difícil.
Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene elementos para evaluar la apertura de una investigación contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por una “presunta campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos”, de acuerdo con un análisis citado por la revista Proceso.
El documento fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, encabezado por Lindsay Freeman. El estudio plantea una ruta doctrinaria y probatoria para solicitar un “examen preliminar” por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2018 y 2024.
De acuerdo con la investigación, la estrategia gubernamental incluyó vigilancia intrusiva sin orden judicial, campañas digitales de acoso y estigmatización desde el poder público. Esas conductas podrían encuadrarse en la figura de persecución prevista por el derecho penal internacional.
El análisis documenta que durante la administración de López Obrador fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, con un total de 337 víctimas, algunas de ellas en Puebla. Señala que el daño no se limitó a la letalidad, sino que habría formado parte de un ataque estatal sistematizado.
“Entre los mecanismos identificados están la estigmatización desde las conferencias matutinas, la vigilancia ilegal mediante spyware militar —como Pegasus y Geomatrix— y el uso del aparato judicial contra personas críticas, descrito en el informe como lawfare.
El reporte registró 2 mil 827 fragmentos de las mil 437 conferencias mañaneras en los que López Obrador denostó a periodistas mediante expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.
La investigación también relaciona la estigmatización verbal con agresiones físicas.
Entre los casos mencionados está el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido un día después de que fuera señalado en una conferencia mañanera, así como el homicidio de Fredid Román en Guerrero.
De acuerdo con el análisis, Román fue intervenido con software malicioso después de publicar información sobre el caso Ayotzinapa y fue asesinado al día siguiente.
“El Centro de Berkeley respaldó sus conclusiones en el Proyecto de Rendición de Cuentas por Crímenes en México, que incluye una plataforma probatoria interactiva con una base de datos verificada de agresiones, registros sobre la compra de ciberarmas a NSO Group y Rayzone, y un análisis sistematizado de las conferencias mañaneras”, señaló.
Los materiales también incorporan evidencia de Guacamaya Leaks y de la investigación Ejército Espía, realizada por R3D y Citizen Lab, sobre un presunto centro de inteligencia militar dentro de la Defensa Nacional que habría operado programas para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y funcionarios civiles.
El informe sostiene que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 7 del Estatuto de Roma, relativo a la privación intencional y grave de derechos fundamentales contra un grupo definido por su función de interés público, y plantea que el expediente sea presentado ante la Fiscalía de La Haya.
Hasta ahora las cosas no han cambiado radicalmente, crece la tensión en la relación de los medios de comunicación con los gobiernos de Morena, cuyo estilo de no aceptar la crítica o descalificar a quienes opinan en su contra es frecuente.
Por lo pronto, en estos días se anunciará el cambio de la Directora de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
De las anécdotas que se cuentan
México supera los 130 millones de habitantes y atraviesa al mismo tiempo un proceso de envejecimiento poblacional derivado de la disminución de la natalidad, por lo que el país deberá adaptar sus políticas y servicios públicos a las nuevas condiciones demográficas, señaló Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En una entrevista al diario español El País, la presidenta del Inegi señaló que el envejecimiento de la población era una tendencia prevista desde hace décadas por los especialistas y que ahora requiere respuestas por parte del Estado y de la sociedad, de manera similar a lo ocurrido durante el periodo de crecimiento demográfico acelerado registrado en México durante la segunda mitad del siglo XX.
Durante la década de los años 60, México llegó a registrar una tasa de crecimiento poblacional de 3.5 por ciento. Ante esa situación, se construyeron escuelas y hospitales y se amplió la matrícula universitaria, mientras que posteriormente las políticas de control de la natalidad representaron otra respuesta frente a las transformaciones demográficas.
Márquez consideró que el proceso de envejecimiento requerirá nuevas medidas, particularmente debido a que los adultos mayores presentan porcentajes de discapacidad superiores a los del resto de la población.
La presidenta del Inegi también relacionó el envejecimiento con el crecimiento de los hogares unipersonales y la reducción del número promedio de integrantes por vivienda, que actualmente se ubica en 3.3 personas. Explicó que algunos sectores, como el de alimentos procesados, ya han adaptado sus productos a hogares integrados por una sola persona.
Como ejemplo de adaptación institucional, mencionó una iniciativa de la Secretaría de Educación para convertir en bachilleratos los turnos vespertinos de secundarias, debido a que ya no existe una cantidad suficiente de estudiantes para mantener esas jornadas.
México se está convirtiendo en un país de viejos.
Es la nueva realidad.
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