El Instituto Nacional Electoral trabaja de lleno en el proceso electoral del 2027, uno de sus mayores retos por el número de los comicios y los recortes presupuestales de la administración federal.
Las elecciones no son aún su mayor problema sino las pugnas internas en el Consejo General por las posturas de una mayoría de sus integrantes empezando por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien ha hecho de las sesiones un ambiente de desacuerdos en cuanto a la labor que desempeña el Instituto.
Viven un recorte de personal y reestructuraciones en sus órganos más importantes que dificultan más la situación, advirtiendo a un Instituto que puede ser rebasado en las elecciones más complejas de su historia.
En el Consejo General del INE es notable una división entre sus miembros en dos bloques. Uno integrado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, Frida Denisse Gómez, Norma Irene de la Cruz Magaña, Rita Bell López, Jorge Montaño, Blanca Cruz y Arturo Chávez López.
Los señalan por su cercanía con Morena.
Taddei Zavala y su familia son cercanos a AMLO, mientras que Arturo Chávez fue colaborador de Claudia Sheinbaum durante su jefatura de Gobierno en la Ciudad de México; por ello la autonomía e independencia del INE ha sido señalada por la oposición.
Mientras los consejeros Martín Faz, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas, quien ha estado en ambos lados dependiendo del tema discutido, se han mostrado críticos ante las determinaciones y la gestión de Taddei.
Entre las decisiones que se han discutido en torno a la elección que han generado alarmas y críticas, está la flexibilización de reglas para los observadores electorales. El 3 de septiembre, una mayoría de 6 consejeros se inclinó por eliminar el cruce de la lista de observadores electorales con la del padrón de Servidores de la Nación. Con este método, permiten que funcionarios públicos estén dentro del proceso.
Quien quiera ser observador, debe presentar un escrito donde declare no ser ni haber sido servidor público en el último año.
También destacan las “boletas planchadas”, documentos que aparecen sin dobleces dentro de las urnas. Antes, al hacerse el recuento de votos eran declarados inválidos ya que la ranura por la que se depositan no cuenta con el tamaño para que pase desdoblada. Ahora el INE aprobó que estos no se declararán inválidos de inicio, sino que se analice si son computadas en la elección.
El grupo de Taddei aprobó la decisión ante las quejas de los otros consejeros y representantes de partidos. Para el consejero Ucc-kib Espadas, la decisión da pie a que aumenten las malas prácticas y el fraude en las elecciones: “El INE no puede ser ambiguo ante esto. El INE tiene que marcar un alto a estas prácticas”, afirmó Espadas.
El 10 de septiembre, el INE declaró el arranque del proceso electoral, aunque Morena, PAN y PRI iniciaron mucho antes las actividades para definir y promover a sus futuros candidatos bajo los nombres de “coordinadores” y “defensores”.
Pero el Instituto no ha hecho nada en el asunto.
Desde marzo, el consejero Arturo Castillo hizo un exhorto para formalizar medidas legales que regulen estos procesos: fiscalización y poner límites en los eventos. La justificación fue que debían atenderse las observaciones de los partidos políticos y una mayoría de 8 apoyó la decisión.
Representantes de Somos y PAN criticaron la decisión considerando que los ponía en desventaja.
Hay una reconfiguración en el Instituto con el cambio de directores. El más reciente fue la renuncia de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva del INE de forma sorpresiva por motivos de salud. Taddei designó a su cercano Roberto Carlos Félix como encargado de despacho de dicha secretaría, la cual ha tenido cuatro cambios. A su llegada solicitó la renuncia de todo el personal que trabajaba en el área con Arlett Espino.
La situación preocupa aún más porque estas supuestas renuncias se suman a los 836 despidos de trabajadores del Instituto a inicios de este año, entre los que se encuentran técnicos verificadores, analistas y asesores de área que ya contaban con experiencia.
Además de los problemas internos, el INE enfrenta un reto. Los comicios serán de los más grandes: 17 gubernaturas, 500 curules en la Cámara de Diputados, más de mil diputaciones locales y más de 2 mil gobiernos municipales.
Para su organización, la Comisión Temporal de Presupuesto 2027 presentó su anteproyecto solicitando 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos. De estos 14 mil millones son para actividades ordinarias, 17 mil millones para la Cartera Institucional de Proyectos y 4 mil millones el presupuesto precautorio. La suma fue rechazada.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue la primera en reprobar la estimación al considerarla excesiva por rebasar el presupuesto de las elecciones del 2024: “Están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección del 2024. Entonces nos parece que es exagerada”.
El 18 de agosto el Consejo General aprobó el anteproyecto de presupuesto de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, el cual se remitiría al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que no aprobarán la cifra propuesta por el INE.
El escenario de la autoridad electoral es muy difícil.
La credibilidad del INE se encuentra en duda ante las reglas que ha aprobado y la posible reducción del presupuesto que afecta su capacidad operativa para asegurar elecciones limpias, lo que se está dudando.
De las anécdotas que se cuentan
El largo camino para construir una autoridad electoral independiente y creíble se está viniendo por la borda.
Nadie puede acusar a los consejeros de tramposos, pero sus decisiones se parecen a las que tomaba el Consejo Electoral de los tiempos priistas, cuando su presidente era el secretario de Gobernación.
La demanda de elecciones limpias fue el motor para realizar cambios y ciudadanizar a la autoridad electoral, hoy parece que eso se acabó y sin que presida el Instituto el titular de Gobernación.
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