Riesgo de censura

En México se viven tentaciones de censura.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan riesgos de regresión democrática y afectaciones a la libertad de expresión.

El organismo señaló que las disposiciones elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones son ambiguas y abren la puerta a la discrecionalidad del gobierno, al permitirle definir qué contenidos pueden considerarse como información falsa o descontextualizada.

“Entendemos que la posición del Comisión no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, insistió.

La postura de los empresarios surge tras la presentación del anteproyecto por parte de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien planteó regular el derecho de las audiencias mediante diversos mecanismos.

Entre los señalamientos, la Cámara destacó el esquema de sanciones, ya que se contempla imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales de concesionarios y programadores por cada supuesta falta informativa, lo cual, advirtió, no está previsto en la legislación vigente.

El organismo criticó la creación de un “recurso de inconformidad” que permitiría al Gobierno revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias, lo que podría derivar en que la autoridad determine qué contenidos pueden difundirse.

También alertó sobre la posibilidad de que se admitan quejas anónimas, lo que podría abrir espacios a presiones contra periodistas mediante denuncias falsas o fabricadas.

La CIRT informó que realizará un análisis con sus mil 200 estaciones afiliadas para definir una postura conjunta que será presentada en la consulta pública.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias prevén multas contra concesionarios de radio y televisión, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar si la regulación debe extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales.

La funcionaria explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia", afirmó durante la mañanera.

La funcionaria presentó en Palacio Nacional el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto.

Sheinbaum informó que la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas en el proyecto, debido a que las facultades de la Comisión se limitan a la radio y la televisión.

"La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad", expresó.

La presidenta sostuvo que los lineamientos buscan hacer efectivo el derecho constitucional a recibir información veraz y llamó a concesionarios, organizaciones, académicos y ciudadanos a participar en la consulta, negó que haya riesgos de censura en su propuesta.

Alcalde explicó que el procedimiento comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio. La defensoría deberá solicitar un informe al concesionario, determinar si existió una vulneración y, en su caso, emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días.

Si el medio no atiende la recomendación, la persona podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que intervendrá antes de considerar una multa o sanción.

Los lineamientos obligarán a las estaciones de radio y televisión a contar con un Código de Ética y designar al menos a una persona defensora de las audiencias.

En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la misma comunidad.

El anteproyecto reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, distinguir las noticias de las opiniones y diferenciar la publicidad de los contenidos editoriales.

Si no es censura a los medios de comunicación mexicanos, como se parece.

De las anécdotas que se cuentan

Se pondrá como condición que los medios de comunicación deberán identificar opiniones y publicidad mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, además de permitir el ejercicio del derecho de réplica frente a información falsa o inexacta.

El proyecto también contempla servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, desarrollados en la legislación de 2014 y eliminados mediante una reforma de 2017, posteriormente invalidada por la Suprema Corte en 2022.

Para Morena la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y fortaleció esos derechos, cuya aplicación busca reglamentar ahora la Comisión.

El tema es delicado y cambiaría toda la producción de programas informativos y periodísticos que hoy existen el país.

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*BC