La abogada Elizabeth Zavala mantiene un litigio contra la Secretaría de Salud en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que sufrió tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19 en agosto de 2021.
El caso podría sentar un precedente sobre las obligaciones de las autoridades ante posibles hechos adversos derivados de campañas nacionales de vacunación.
De acuerdo con información del portal Eme Equis, Elizabeth Zavala perdió la visión del ojo izquierdo cuatro días después de haber acudido al Auditorio Benito Juárez de Guadalajara para recibir la primera dosis del biológico como parte de la campaña nacional de inmunización durante el sexenio de López Obrador.
“La afectada presentó una reclamación patrimonial contra la Secretaría de Salud federal para que se determine si existió responsabilidad del Estado por el daño que señala haber sufrido.
“La aplicación de la vacuna ocurrió en una de las etapas más complejas de la pandemia de Covid-19, cuando el gobierno encabezado por López Obrador implementaba una estrategia nacional de vacunación con el objetivo de reducir hospitalizaciones y fallecimientos”, agregó.
Según la información de la parte demandante, México recibió aproximadamente 77.4 millones de dosis de AstraZeneca durante la campaña de vacunación. Asimismo, datos obtenidos vía transparencia señalan que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) registró 6 mil 574 Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI) relacionados con ese biológico en el país.
De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, los primeros estudios médicos realizados a Zavala documentaron un diagnóstico de oclusión de la vena central de la retina, una afectación que comprometió el flujo sanguíneo dentro del ojo izquierdo.
Posteriormente, especialistas incorporaron el diagnóstico de síndrome de trombosis con trombocitopenia inducida por vacuna (VITT), una condición que fue identificada por autoridades sanitarias internacionales durante 2021 en algunos casos asociados con vacunas de vector viral.
La Organización Mundial de la Salud difundió información técnica sobre el síndrome VITT y señaló que los casos reportados aparecían entre los tres y 30 días posteriores a la vacunación.
La existencia de este síndrome no determina por sí misma que todos los eventos trombóticos registrados durante ese periodo sean causados por una vacuna, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá valorar las pruebas médicas y periciales presentadas en el proceso.
La demandante señala que, tras la pérdida de visión, se sometió a diversos tratamientos médicos, incluyendo nueve cirugías y 14 inyecciones intravítreas, con el objetivo de preservar la funcionalidad del ojo afectado y controlar las complicaciones derivadas de la lesión. De acuerdo con los dictámenes incorporados al expediente, actualmente presenta un cuadro descrito como (ojo ciego doloroso), con consecuencias permanentes.
Elizabeth Zavala sostiene que buscó reportar su caso mediante los mecanismos establecidos por las autoridades sanitarias para la vigilancia de posibles eventos adversos asociados a la vacunación.
La reclamación plantea que la respuesta institucional recibida durante ese proceso forma parte de los elementos que deben analizarse para determinar si existió una actuación irregular por parte de la autoridad sanitaria.
La reclamación patrimonial fue presentada formalmente el 22 de agosto de 2023 contra la Secretaría de Salud federal. La dependencia resolvió declarar infundada la solicitud el 5 de noviembre de 2025, mediante la resolución 003/25-RPE-UGAJ-SSA, por lo que Zavala acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para continuar con el procedimiento.
El 16 de febrero de 2026, la Segunda Sala Regional de Guadalajara admitió la demanda de nulidad. Posteriormente, el 14 de mayo de 2026, determinó que la contestación presentada por la Secretaría de Salud había sido entregada fuera del plazo establecido y tuvo por no presentado el expediente administrativo que correspondía aportar a la autoridad.
“Durante el proceso, la Secretaría de Salud solicitó que el asunto fuera atraído por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al considerar que podría tener relevancia y trascendencia. La petición refleja que el caso podría tener implicaciones más amplias debido a que aborda la responsabilidad del Estado frente a reclamaciones relacionadas con campañas masivas de vacunación”.
Actualmente, el juicio se encuentra en etapa en la que continúan el desahogo de pruebas médicas, documentales y periciales. La víctima tiene todas las de ganar.
De las anécdotas que se cuentan
Elizabeth Zavala sostiene que una resolución favorable permitiría establecer un precedente para otras personas que consideren haber sufrido daños relacionados con la vacunación contra Covid-19, aunque será el tribunal quien determine si existe responsabilidad del Estado mexicano.
Si el Tribunal actúa como los jueces del acordeón, no habrá sanciones al gobierno federal.
De lo contrario tendrá que pagar una fuerte sanción e indemnización a la afectada y con ella vendrá más denuncias y sanciones.
*BC
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