Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos y exasesor político de Rubén Rocha Moya, fue identificado mediante pruebas genéticas después de que sus restos fueran encontrados en una fosa clandestina de San José del Cabo, Baja California Sur.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el 22 de agosto de 2026 que la osamenta correspondía al exfuncionario. Los restos habían sido localizados el 13 de julio, dentro de una inhumación clandestina ubicada en una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena. La dependencia mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. La identificación mediante perfil genético fue confirmada oficialmente por la PGJE de Baja California Sur
Beltrán Olmeda había sido reportado como desaparecido desde el 6 de junio de 2026, cuando fue visto por última vez en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, Sinaloa. Menos de dos semanas antes, el 25 de mayo, había anunciado públicamente su salida de la Oficialía Mayor de Los Cabos por motivos personales.
De asesor político a oficial mayor de Los Cabos
Antes de incorporarse al gobierno municipal de Los Cabos, Carlos Beltrán desarrolló una trayectoria como asesor político. Su currículum lo ubica trabajando entre 2015 y 2018 con legisladores federales y, posteriormente, con figuras políticas del noroeste del país.
A partir de 2021 aparece como asesor de Rubén Rocha Moya, además de haber trabajado con Margoth Urrea Pérez, entonces presidenta municipal de Navolato, y Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome. En febrero de 2022 se incorporó al Ayuntamiento de Los Cabos como asesor de Presidencia.
El 8 de septiembre de 2023 fue nombrado oficialmente titular de la Oficialía Mayor durante la administración de Óscar Leggs Castro. Documentación pública registra el acuerdo de Cabildo mediante el cual recibió el nombramiento, mientras que documentos oficiales posteriores confirman que permaneció al frente de esa oficina durante la siguiente administración municipal.
La Oficialía Mayor lo colocó al frente de tareas relacionadas con recursos humanos, bienes, contrataciones, administración y operación interna del municipio. Todavía en marzo de 2026 documentos del XV Ayuntamiento lo identificaban formalmente como oficial mayor.
Señalamientos aparecieron antes de su desaparición
Meses antes de que se perdiera contacto con él, el nombre de Beltrán Olmeda comenzó a aparecer en narcomantas y publicaciones que lo señalaban por supuestos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Esos señalamientos nunca fueron acreditados mediante una resolución judicial. Beltrán los rechazó públicamente y el 25 de mayo, cuando fue cuestionado sobre las acusaciones, negó tener acuerdos, pactos o relaciones con actividades fuera de la ley. Horas después hizo pública su renuncia a la Oficialía Mayor y argumentó motivos personales.
Su última aparición pública conocida ocurrió precisamente durante ese anuncio. Aunque dijo que permanecería en Baja California Sur y seguiría trabajando desde otro ámbito, una ficha de búsqueda difundida posteriormente ubicó su desaparición el 6 de junio en Culiacán.
A principios de julio también circuló en páginas de redes sociales un video en el que una mujer señalada como presunta operadora criminal relataba la privación de la libertad y muerte de un hombre identificado con el apodo de “El Cazabaches”, utilizado para referirse a Beltrán por actividades de bacheo realizadas durante su gestión municipal. Ese contenido constituye una versión no acreditada judicialmente y no prueba quién participó en su muerte ni el móvil.
La PGJE informó posteriormente que el 13 de julio encontró una osamenta en la zona de La Ballena. Los peritos extrajeron el perfil genético y realizaron confrontas con muestras disponibles hasta obtener la identificación positiva de Beltrán Olmeda.
Los presuntos vínculos con Los Chapitos no están acreditados
Los señalamientos contra el exfuncionario adquirieron mayor atención por su relación profesional previa con Rubén Rocha Moya y por las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra el político sinaloense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presunta conspiración para el tráfico de narcóticos y delitos relacionados con armas. La acusación sostiene, entre otros señalamientos, que funcionarios habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos. El propio Departamento de Justicia precisa que se trata de acusaciones y que los imputados son considerados inocentes mientras no exista una declaración de culpabilidad. La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede consultarse en su comunicado oficial
Carlos Alberto Beltrán Olmeda no figura entre las diez personas acusadas en ese proceso estadounidense. La existencia de ese expediente contra Rocha Moya tampoco demuestra por sí misma que Beltrán perteneciera a Los Chapitos o que su muerte estuviera relacionada con esa organización.
La Fiscalía de Sonora aclaró además que no mantenía una investigación contra el exfuncionario y que únicamente colaboró proporcionando muestras genéticas de familiares radicados en Guaymas para ayudar a identificar los restos. También negó contar con datos que acreditaran actividades económicas o profesionales de Beltrán relacionadas con empresarios gasolineros en esa entidad.
Hasta ahora, la PGJE de Baja California Sur no ha informado públicamente el móvil de la muerte, ni ha identificado a sus responsables. La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares continúa con las indagatorias.
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