El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que comparecerá ante el Senado para defenderse en el juicio político iniciado en su contra, después de que la Cámara de Diputados aprobara una acusación por presunto mal desempeño de sus funciones y sus vínculos anteriores con Ueno Bank, entidad financiera intervenida por las autoridades.
El mandatario presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre de 2026, pero una sesión conjunta del Congreso convocada para tratarla fracasó por falta de cuórum. Peña permaneció formalmente en la Presidencia, mientras el Senado inició el procedimiento constitucional para examinar las acusaciones.
La crisis política comenzó tras la intervención de Ueno Bank, cuyos problemas financieros afectaron a millones de clientes. Los legisladores cuestionan la relación que Peña mantuvo con el grupo empresarial vinculado al banco y la actuación de las instituciones encargadas de supervisarlo.

Santiago Peña promete defenderse ante el Senado
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Peña confirmó que acudirá al procedimiento y presentará argumentos y pruebas para responder a los señalamientos.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, expresó el mandatario, quien aseguró que respetará la Constitución y las instituciones paraguayas.
También prometió colaborar con las autoridades competentes, entregar la información que le soliciten y contribuir al esclarecimiento de las posibles irregularidades relacionadas con la crisis financiera.
Peña sostuvo que su permanencia en el poder no debe retrasar la devolución del dinero a los clientes de Ueno Bank. En su mensaje, insistió en que las medidas para recuperar los depósitos deben avanzar independientemente del proceso político.
El presidente pidió calma a la población y manifestó que respetará el resultado del procedimiento constitucional.

Congreso acusa al presidente por sus vínculos con Ueno Bank
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el 5 de noviembre la acusación contra Santiago Peña, después de que 35 legisladores presentaran formalmente una solicitud de juicio político.
Entre los señalamientos figuran un presunto conflicto de intereses, posibles irregularidades en la supervisión del sistema financiero y cuestionamientos sobre la relación del mandatario con el conglomerado empresarial al que pertenecía Ueno Bank.
Peña había mantenido una participación accionaria en una empresa vinculada con ese grupo financiero, pero vendió sus acciones en marzo de 2025. La existencia de esa relación empresarial anterior forma parte de los argumentos de los legisladores y no constituye, por sí misma, una demostración de responsabilidad en las irregularidades denunciadas.

Durante la presentación de la acusación ante el Senado, la diputada opositora Rocío Vallejo señaló que la crisis bancaria había perjudicado a millones de paraguayos y cuestionó la actuación de las autoridades financieras.
El Senado asumió funciones de tribunal conforme al artículo 225 de la Constitución paraguaya, que establece el procedimiento de juicio político contra el presidente y otras altas autoridades del Estado.

La caída de Ueno Bank provocó la crisis política
El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank después de detectar problemas de solvencia y anomalías financieras durante el proceso de regularización de la entidad.
La autoridad monetaria encontró que el índice de solvencia del banco había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido, tras ajustes realizados a sus estados financieros.
La crisis afectó a aproximadamente tres millones de clientes, entre ellos trabajadores y ahorristas que enfrentaron restricciones para disponer de sus recursos. También se registraron protestas y reclamos contra las autoridades por el manejo de la situación.

El cierre de operaciones y los cuestionamientos sobre la supervisión bancaria derivaron en investigaciones judiciales contra directivos y personas relacionadas con la entidad.
En medio de estas investigaciones, Peña manifestó que las familias afectadas deben recuperar sus ahorros sin que el proceso de juicio político interrumpa las medidas financieras destinadas a atenderlas.
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