La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que votar un proyecto que reconoce la postura de Acción Nacional sobre la reducción de regidurías en Puebla, porque afecta la representación de las minorías.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN lograría una nueva integración del Cabildo de la ciudad de Puebla y se ordene al Congreso corregir los porcentajes para garantizar una representación plural.
El proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de inconstitucionalidad promovida por Acción Nacional, único partido político que impugnó la Reforma Electoral en Puebla, reconoce sus argumentos al proponer la invalidez de las disposiciones relacionadas con la integración del Ayuntamiento de Puebla, al considerar que la distribución aprobada reduce injustificadamente la representación de las minorías.
Esta modificación representa un retroceso para la pluralidad democrática, al disminuir los espacios de representación proporcional en el Ayuntamiento de la capital y limitar la participación de las distintas fuerzas políticas en las decisiones del municipio.
El presidente estatal panista, Mario Riestra, señaló en un comunicado de prensa que la defensa jurídica emprendida busca garantizar que las distintas expresiones políticas tengan voz y representación en los gobiernos municipales, y evitar que las reformas electorales reduzcan injustificadamente los espacios de participación democrática.
Para el proceso electoral 2027, el proyecto establece que el Instituto Electoral del Estado deberá aplicar una integración de 10 regidurías de mayoría relativa y cinco de representación proporcional en el Ayuntamiento de Puebla, en lugar de la distribución aprobada por el Congreso del Estado.
“Además, contempla que, una vez concluido el proceso electoral, el Congreso del Estado deberá corregir el vicio de inconstitucionalidad, incorporando nuevos porcentajes que garanticen la operatividad y funcionalidad de ambos principios de representación”, agregó.
Este último planteamiento es relevante, pues no se limita a establecer una distribución específica de regidurías para el proceso actual, sino que exige al Poder Legislativo modificar los porcentajes para garantizar que, en adelante, exista un equilibrio entre la representación de mayoría relativa y la proporcional, preservando la pluralidad política.
Es relevante dejar claro que es un proyecto de sentencia, por lo que su contenido deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todo indica que el proyecto respalda la participación de las minorías de las decisiones de los municipios porque se rompe la garantía constitucional de representación.
Si la Corte así lo decide será un duro golpe al Congreso del Estado.
De las anécdotas que se cuentan
Blanca Yassahara Cruz, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, cuenta con 15 años de experiencia en la organización de elecciones, pero también con críticas relacionados con su gestión en Puebla.
A las denuncias sobre una transferencia de 27 mil votos a un partido estatal, se suman observaciones financieras y un contrato de 129.7 millones de pesos con una empresa investigada por irregularidades en operaciones con el INE durante la administración de Guadalupe Taddei.
Los diez consejeros que permanecen en funciones acordaron designar el martes a Blanca Cruz, una abogada de 39 años, nacida en Huajuapan de León, Oaxaca, su carrera ha transcurrido en los organismos electorales de Puebla.
¿Puede una funcionaria cuya gestión electoral en Puebla recibió señalamientos por irregularidades en el cómputo de votos y observaciones sobre contratos millonarios devolver la confianza a un INE que acaba de perder a su presidenta en medio de investigaciones por corrupción?
Ingresó al Servicio Profesional Electoral en 2011 mediante concurso público y desempeñó responsabilidades en juntas distritales y locales. Conoció el trabajo de campo, la instalación de casillas, los procedimientos administrativos y los problemas que acompañan la organización de una elección.
El 22 de agosto de 2022, el Consejo General del INE aprobó su designación como presidenta del Instituto Electoral del Estado. Asumió el puesto el 3 de noviembre, con un nombramiento previsto hasta 2029. Permaneció en la institución durante tres años y medio, hasta que la Cámara de Diputados federal la eligió consejera nacional del INE el 21 de abril de 2026. Apenas seis meses después, sus compañeros la escogieron para encabezar provisionalmente el organismo.
A Fuerza X México, partido aliado de Morena que se encontraba en riesgo de perder su registro por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación exigido por la legislación electoral. Después de los comicios surgieron denuncias relacionadas con discrepancias entre los resultados del cómputo y las cifras publicadas. La diferencia fue de 27 mil 750 votos, cantidad suficiente para modificar la situación del partido respecto de la conservación de su registro.
La acusación apuntaba a una transferencia de sufragios originalmente atribuidos a Morena hacia Fuerza X México. De haberse realizado una operación semejante fuera de las reglas electorales, estaríamos ante una irregularidad de considerable gravedad, pues el reparto de votos entre partidos determina derechos de representación, financiamiento público y permanencia en el sistema político.
“Proceso” retomó el caso en abril de 2026, cuando Blanca Cruz acababa de incorporarse al INE.
Según la información, el organismo electoral poblano había abierto una investigación para esclarecer los señalamientos, sin que entonces se conocieran resultados definitivos. La existencia de las denuncias y de la investigación constituye un antecedente verificable.
La presunta responsabilidad personal de Cruz García, en cambio, no ha quedado acreditada mediante una resolución definitiva que permita sostener tal afirmación.
Hay na investigación publicada por el periodista Ricardo Juárez, en “Diario La Redacción”, que explica que el Instituto Electoral del Estado de Puebla contrató en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 129 millones 700 mil 584 pesos, para suministrar materiales destinados a las elecciones locales de aquel año.
Según el reportaje, el contrato fue avalado durante la presidencia de Cruz García y comprendía urnas, mamparas, paquetería electoral y materiales para simulacros y capacitación.
Comercializadora JVLY también obtuvo contratos del Instituto Nacional Electoral durante la administración de Guadalupe Taddei, cuya reciente renuncia estuvo precedida por investigaciones sobre irregularidades en contrataciones públicas.
En ambos casos, los organismos electorales recurrieron a la misma proveedora durante los preparativos de las elecciones de 2024. La coincidencia exige revisar cómo se seleccionó a la compañía, quiénes participaron en las adjudicaciones y qué mecanismos se utilizaron para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones.
El 7 de mayo de 2026, “El Sol de Puebla” informó que la Auditoría Superior del Estado hizo observaciones por 138.2 millones de pesos a la cuenta pública de 2024 del Instituto Electoral de Puebla, correspondientes a documentación y contrataciones que requerían aclaración. Entre ellas figuraba el contrato de 129.7 millones de pesos relacionado con materiales electorales.
Después de la renuncia de Guadalupe Taddei, sería inadmisible que el INE pretendiera recuperar su credibilidad dejando sin esclarecer los asuntos que la han puesto en duda. Y para Blanca Cruz, la primera prueba de independencia podría comenzar precisamente con una explicación completa sobre lo ocurrido en Puebla.
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