El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, un proyecto que busca impulsar los cobros electrónicos, reducir el uso de efectivo y facilitar trámites mediante la digitalización.
Hay puntos clave de la nueva ley. Por ejemplo, se integran de forma oficial herramientas como códigos QR, terminales NFC (contacto con el celular), tarjetas de débito/crédito, transferencias electrónicas y domiciliaciones.
Incorpora el uso de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para agilizar la apertura de cuentas y la contratación de servicios financieros a distancia.
La secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de determinar sectores específicos, como gasolineras, casetas de peaje o comercios de mayor valor, donde el pago digital sea la única opción admitida.
La ley contempla permitir pagos en efectivo o cheques de forma temporal cuando existan problemas de conectividad, fallas en los sistemas o contingencias operativas.
Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, Hacienda contará con 15 días hábiles para definir la lista de sectores estratégicos, y las autoridades correspondientes tendrán otros 15 días hábiles para establecer los mecanismos de transición gradual.
Mientras el gobierno y los impulsores defienden que la medida fomenta la inclusión financiera, la formalización y combate la evasión fiscal, legisladores de oposición han señalado que podría afectar a Micro, pequeñas y medianas empresas y a sectores de la población sin acceso a internet o cuentas bancarias.
Con esta medida, el panorama financiero de México se encuentra a las puertas de una transformación histórica. Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca revolucionar la forma en que los mexicanos compran, venden y pagan servicios, apostando por la tecnología móvil para reducir drásticamente el uso de dinero en efectivo.
José Antonio Peña Merino, titular de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que el objetivo central es democratizar el acceso a los servicios financieros.
La ley se sostiene en cinco puntos estratégicos: acelerar los pagos digitales: Permitir que cualquier ciudadano pueda cobrar y pagar de forma inmediata utilizando únicamente su teléfono celular.
Potenciar el uso de plataformas del Banco de México, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la plataforma de cobro digital (CoDi).
Agilizar y facilitar el intercambio comercial directo entre clientes, proveedores y compañías.
Lograr que desde un gran corporativo hasta un puesto en la calle o un mercado sobre ruedas tengan la capacidad técnica de recibir pagos digitales.
Eliminar las barreras regulatorias de los servicios financieros tradicionales, permitiendo a los microempresarios generar un historial de pagos que les facilite el acceso a créditos futuros.
La transición hacia este modelo será acelerada. De acuerdo con los lineamientos del Banco de México, todas las instituciones financieras tienen como fecha límite diciembre de 2026 para integrar completamente el sistema CoDi en sus plataformas, aunque se espera que la gran mayoría lo tenga operando antes de la temporada de ofertas de “El Buen Fin”.
Los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, estarán obligados a aceptar pagos electrónicos para cualquier trámite o servicio.
Se proyecta la eliminación gradual del cobro en efectivo en casetas de peaje y estaciones de servicio.
Cualquier ciudadano podrá abrir una cuenta bancaria desde su celular y asociarla a CoDi, eliminando la necesidad de cargar billetes y monedas, lo que incrementará la seguridad personal.
La iniciativa cuenta con el respaldo total del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la ATDT, quienes coinciden en que la ley cerrará la brecha de inclusión financiera y potenciará a las micro y medianas empresas (MiPymes).
Los empresarios solicitaron al Congreso de la Unión que la implementación sea verdaderamente gradual, que no se elimine la opción de utilizar otros medios de pago, y que se diseñe un esquema de comisiones preferenciales que proteja las ganancias de los micro negocios al adoptar estas terminales digitales.
Promete la nueva ley ser la transformación histórica de las relaciones económicas y comerciales de los mexicanos.
El reto es enorme.
De las anécdotas que se cuentan
Actualmente, vender un automóvil de 500 mil pesos puede parecer un gran negocio.
Por las manos de un concesionario de una agencia pasan millones de pesos cada mes y en sus instalaciones se exhiben vehículos cuyo precio equivale al de una residencia.
Pero el dinero que entra por la ventanilla no es el que se queda en la agencia.
Después de pagarle a la armadora, cubrir los salarios, las comisiones, la electricidad, el financiamiento de los inventarios y los demás gastos de operación, la ganancia puede reducirse a unos cuantos pesos por cada 100 vendidos.
Es la realidad de la distribución automotriz en México.
Las agencias trabajan con márgenes tan estrechos que una variación relativamente pequeña en sus costos puede hacer la diferencia entre cerrar el año con ganancias o registrar pérdidas.
Ahora, el límite a la deducción de gastos fiscales amenaza con reducir todavía más los ingresos de las agencias de automóviles.
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto
*ARD
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