La madrugada del martes, un comando antimotines de la Policía Estatal de Tlaxcala desalojó con gas lacrimógeno y por la fuerza a más de 300 campesinos y transportistas que bloquearon desde el lunes por la mañana el Arco Norte, a la altura de Nanacamilpa, lo que provocó el cierre de la caseta de acceso a esa vía en San Martín Texmelucan.
La frecuencia con la que gobiernos de izquierda -Tlaxcala y la federación son de Morena- desalojan violentamente a organizaciones sociales es un tema complejo y objeto de debate político, con ejemplos documentados en América Latina que muestran contradicciones entre el discurso oficial y las acciones en tierra, aunque sean sus propios simpatizantes.
Elementos antimotines tlaxcaltecas desalojaron con el uso de la fuerza a campesinos, conductores y dueños de camiones que mantenían bloqueada la carretera federal México-Veracruz.
El operativo se realizó el martes con el objetivo de restablecer la circulación. Durante la intervención utilizaron gas lacrimógeno, lo que obligó a los inconformes a replegarse. La acción policiaca permitió liberar los carriles afectados.
Con gases lacrimógenos, tanquetas de agua y la fuerza física, los policías antimotines dispersaron a integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que participaban en el paro nacional agrícola y transportista, que empezó el lunes.
José Emigdio Taboada, una de las víctimas, ofreció una rueda de prensa afuera de palacio de gobierno de Tlaxcala.
“‘No que muy chingón, no que muy, muy’, me decían, y me empujaban; me subieron a un autobús, me esposaron, hicieron que me hincara y me tumbaron boca abajo; de ahí nos pasaron a una patrulla de la Policía Estatal, frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Nanacamilpa, y nos trajeron a un faro de Seguridad Ciudadana en Apetatitlán”, explicó.
Los introdujeron en una habitación, donde les dijeron que la acción fue del gobierno estatal, por lo que recalcó que esta “es una represión” y temen por su integridad.
Las demandas son sociales y coinciden con los reclamos históricos de la izquierda mexicana, exigen precios justos de granos, financiamiento, seguridad en carreteras y apoyos para familiares de transportistas asesinados en el desempeño de su trabajo.
“Nos encontramos con una brutal represión” y “violencia sistémica del Estado” por ejercer el derecho a la libre expresión y manifestación pacífica en la lucha de derechos de este sector; insistió que las acciones de protesta “no son por gusto sino porque el campo está en crisis”.
Taboada reprochó que en Tlaxcala es peor “ser agricultor que ser delincuente; éstos últimos van, roban, extorsionan... van contra uno y no los detienen”.
Les prometieron diálogo, pero “de pronto (alrededor de las 5 horas, empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno y apuntar con las armas”. Recordó que tanto él como otros miembros del movimiento han recibido citatorios de la Fiscalía General de la República, por carpetas de investigación que han sido abiertas en su contra por el cierre de carreteras.
Por su parte, Adrián, un productor, comentó que tras el operativo hubo personas lesionadas y unidades de tractor con cabina que fueron dañadas, al igual que maquinaria, aunque no conocen el monto.
A pesar del desalojo, el ambiente en la región, Tlaxcala y Puebla, es muy tenso debido a la presencia de fuerzas estatales. Seguridad Ciudadana mantiene un cerco para evitar bloqueos.
Aunque los gobiernos de izquierda llegan al poder con agendas de justicia social y apoyo popular, en el ejercicio, incurren en la represión de movimientos sociales para mantener el orden, impulsar megaproyectos o consolidar su control político.
Fue lo que sucedió en Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar tomó una decisión a pesar de su ideología de izquierda, reprimió a quienes coinciden y votaron por ella.
¿Le reclamarán el domingo a la presidente Sheinbaum, cuando visite Tlaxcala? Es pregunta antimotines.
De las anécdotas que se cuentan
Se ha señalado una tendencia en gobiernos de izquierda en Latinoamérica, particularmente en Nicaragua, Venezuela y Cuba, a restringir libertades, el espacio cívico y reprimir voces disidentes, incluyendo organizaciones no gubernamentales.
Gobiernos que se autodenominan progresistas a veces entran en conflicto con organizaciones sociales, indígenas, ecologistas o de base cuando las prioridades del gobierno chocan con los intereses locales.
No es una característica exclusiva de la izquierda, la violencia estatal contra organizaciones sociales ha sido documentada en gobiernos de esta tendencia, a menudo justificada para mantener la gobernabilidad o la seguridad, generando críticas sobre el autoritarismo disfrazado de justicia social.
Es lo que sucedió en Tlaxcala.
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