La crisis que atraviesa la organización de las elecciones en México a partir de la corrupción y el mal manejo del Instituto Nacional Electoral de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, impulsa una nueva reforma política después del proceso de 2027.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció esta semana que volverá a presentar una propuesta de reforma electoral después de las elecciones del próximo año, donde insiste en ir contra los legisladores plurinominales, reducir el financiamiento público de los partidos políticos y disminuir el presupuesto destinado a los comicios.
La mandataria señaló que su intención es retomar los cambios que no lograron avanzar en el pasado.
Explicó que la nueva iniciativa pretende reducir los recursos públicos que reciben los partidos y revisar la manera en que se distribuyen los espacios de representación proporcional en el Congreso.
“Yo hice una propuesta de reforma electoral, que no fue aprobada, e incluso hice un Plan B, que tampoco, bueno una parte fue aprobada, la otra no. Y nada más pasen las elecciones, lo voy a volver a proponer porque me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento”, precisó.
Para Sheinbaum uno de los principales puntos de la propuesta será modificar la figura de los legisladores plurinominales, quienes llegan al Congreso mediante listas de representación proporcional. Sheinbaum crítica este mecanismo y propone cambiar la forma en que se asignan estos cargos.
También exigió reducir el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), incluidos los salarios de sus consejeros. Además, señaló la necesidad de revisar las contrataciones de material electoral, particularmente las relacionadas con la producción de papelería, al considerar que durante varios años unas cuantas empresas han concentrado estos contratos.
La nueva propuesta llega después de que la primera iniciativa de reforma constitucional de Sheinbaum no consiguió los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Uno de los principales desacuerdos estuvo relacionado con los cambios a los legisladores plurinominales, pues los aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, no respaldaron todos los planteamientos.
Sheinbaum adelantó que esperará a que concluya el proceso electoral de 2026-2027 para presentar nuevamente su iniciativa.
La crisis que atraviesa el INE aceleró el paquete de reformas legales y constitucionales del Gobierno para combatir la corrupción que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre ellas, la transformación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reingeniería de las auditorías, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, la eliminación del fuero constitucional y la aplicación de la figura de extinción de dominio sobre bienes y recursos financieros, son parte de la apuesta que se impulsa desde Palacio Nacional.
Un bloque de diputados y senadores de Morena, cercano a Sheinbaum, ha puesto en marcha una ofensiva legislativa que se presente como una sacudida anticorrupción. Ese paso se impulsa en medio del escándalo por irregularidades, conflictos de interés, y delitos vinculados con la asignación de contratos y el manejo de recursos públicos que han empujado la renuncia de Taddei a la presidencia del organismo electoral.
La maniobra tiene dos tiempos: Que un bloque de Morena presente una parte del paquete de reformas, se ha hecho este lunes, que Sheinbaum haga lo propio y envíe otra parte de las propuestas de enmienda. Todo antes del 15 de diciembre que es cuando concluye el período ordinario de sesiones.
El segundo movimiento es que, ante la falta de margen para discutir un paquete de reformas de semejante tamaño, se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en enero, solo un mes antes de que comience el siguiente periodo legislativo. Sheinbaum busca acelerar el paquete para enviar una señal de autoridad frente a la corrupción y la impunidad.
No se trata únicamente de una reforma administrativa.
Morena necesita recuperar la narrativa política después de que la polémica de Taddei golpeó uno de los flancos más sensibles de partido gobernante: la promesa de que el poder dejaría de ser un espacio de privilegios y protección entre aliados.
La agenda incluye cambios constitucionales y legales para reforzar la prevención, fiscalización, investigación y sanción de las conductas ilícitas, así como recuperar recursos públicos desviados, a través de la extinción de dominio.
La reforma política y los cambios legales para combatir la corrupción son prioridades de Palacio Nacional, pronto habrá más noticias.
De las anécdotas que se cuentan
En febrero de 2024, después de que el presidente López Obrador presentó sus iniciativas de cambios constitucionales, en una junta con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum se determinaron los tiempos de una reforma política.
Ahí, ante los legisladores, AMLO señaló que ese cambio le correspondía a ella después de ganar las elecciones de julio y ya no a él.
Por no contar aún con la mayoría calificada se decidió aplazarla y los tiempos se vinieron encima y habrá reforma hasta después de 2027.
Que los plurinominales no se elijan por una lista, sino que se lo ganen con votos ciudadanos es una de sus prioridades.
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Facebook: Fernando Crisanto
*ARD
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