El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó por un año al juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Colima, tras determinar que modificó indebidamente penas acordadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y personas imputadas en cuatro procedimientos abreviados.
La resolución, dada a conocer el lunes 9 de noviembre de 2026, establece que el juzgador incurrió en una falta administrativa por su actuación en procesos relacionados con delitos contra la salud y armas de fuego.
Sigales, quien anteriormente fue señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó haber cometido irregularidades y defendió la legalidad de sus resoluciones. La sanción puede ser impugnada mediante un recurso de revisión ante el pleno del propio tribunal.
¿Por qué destituyeron al juez Sergio Sigales?
La Comisión de Disciplina del TDJ resolvió el procedimiento administrativo PRAD 158/2025-OJ-V, relacionado con cuatro causas penales en las que Sigales modificó las condenas propuestas por la FGR.
Se trata de los expedientes 87/2021, 365/2021, 179/2022 y 5/2021, correspondientes a procedimientos abreviados, mecanismo mediante el cual una persona imputada puede aceptar su responsabilidad y acceder a una sentencia sin llegar a juicio oral.
De acuerdo con la resolución difundida, el tribunal consideró que el juez incurrió en notorio descuido y error inexcusable al modificar las penas previamente acordadas entre el Ministerio Público y los acusados.
En algunos casos, las condenas quedaron en tres años y cuatro meses de prisión, por debajo de las penas solicitadas originalmente, lo que permitió a personas sentenciadas acceder al beneficio de condena condicional.
La determinación administrativa estableció la destitución del cargo y la inhabilitación durante un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Juez Sergio Sigales rechaza la sanción y defiende sus sentencias
Durante una entrevista concedida el 10 de noviembre a Aristegui en Vivo, Sigales sostuvo que actuó conforme a sus facultades judiciales al revisar las penas propuestas por la Fiscalía.
Su abogado, Arturo Guerrero Zazueta, explicó que la controversia involucró originalmente nueve procedimientos abreviados. Según la defensa, cinco decisiones fueron confirmadas por tribunales de revisión y cuatro fueron revocadas.
El juzgador argumentó que, en los asuntos cuestionados, las personas procesadas no tenían antecedentes penales y que debía revisarse la reducción de penas solicitada por el Ministerio Público.
Sigales también cuestionó la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial y afirmó que el procedimiento en su contra estuvo relacionado con presiones políticas.
Estas declaraciones corresponden a la postura del juez y su defensa. No constituyen una resolución que invalide la sanción administrativa.
Sheinbaum había señalado al juez por reducir penas
El caso adquirió relevancia pública en noviembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó decisiones judiciales relacionadas con personas acusadas de delitos en Colima.
La mandataria se refirió a la actuación de un juzgador que había reducido condenas en procedimientos penales, mientras que el caso ya contaba con antecedentes de quejas presentadas por autoridades federales.
Tras conocerse la destitución, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) expresó su respaldo a Sergio Sigales mediante el comunicado 38/2026, publicado el 9 de noviembre.
La asociación cuestionó que un criterio empleado al dictar sentencias derivara en una sanción disciplinaria y advirtió sobre posibles afectaciones a la independencia judicial.
Por su parte, Sigales sostuvo que la denuncia penal presentada en su contra por el tribunal ocurrió después de declaraciones públicas de Sheinbaum.
La existencia de esos señalamientos y su secuencia temporal no acredita por sí misma que la Presidencia haya ordenado la destitución.
¿Puede el juez Sergio Sigales impugnar su destitución?
El artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que las comisiones del Tribunal de Disciplina Judicial resuelven los procedimientos administrativos en primera instancia.
Sus decisiones pueden impugnarse mediante un recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente.
El pleno del TDJ es el encargado de resolver ese recurso. La legislación exige una mayoría de cuatro votos para confirmar una sanción en segunda instancia; si no se alcanza, la sanción debe desestimarse.
Por separado, Sigales enfrenta una investigación penal ante la FGR relacionada con su actuación judicial, procedimiento distinto de la destitución administrativa y en el que mantiene su presunción de inocencia.
La resolución disciplinaria anunciada el 9 de noviembre podrá ser revisada mediante los mecanismos previstos en la legislación del Poder Judicial de la Federación.
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