El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió el primer año del nuevo Poder Judicial y aseguró que la institución actúa con autonomía frente a los demás poderes. Durante su informe, celebrado el 7 de septiembre ante la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que sus decisiones se rigen por la Constitución y no por intereses políticos o económicos.
“El Poder Judicial no atiende encargos”, afirmó Aguilar, quien rechazó que las resoluciones de la Corte respondan a las coyunturas. El ministro aseguró que la nueva integración ha demostrado capacidad para funcionar de manera independiente, aunque reconoció que persisten resistencias y prácticas heredadas de la etapa anterior.
El presidente de la SCJN señaló que la independencia judicial no implica aislamiento. Defendió el diálogo con los sectores político, económico y social, y afirmó que las resoluciones apegadas a la Constitución generan certidumbre para la inversión, la innovación y el desarrollo nacional.
La Corte reporta 13 mil 231 asuntos resueltos en un año
Aguilar informó que durante el primer año ingresaron a la SCJN 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluidos asuntos pendientes de la integración anterior. De ese universo, el tribunal resolvió 13 mil 231, equivalentes a 88% del total.
El desglose presentado por el ministro indica que 2 mil 640 asuntos fueron resueltos por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdos. Los expedientes restantes permanecen en trámite o en las ponencias. Aguilar utilizó estas cifras para rechazar los señalamientos de rezago e ineficiencia contra la nueva Corte.
Respecto de los asuntos heredados, señaló que recibió mil 479 expedientes y que permanecen 44 pendientes. Algunos de ellos, afirmó, habían estado sin resolver desde 2014 y 2015. El ministro atribuyó parte de la carga recibida al funcionamiento de la administración anterior y cuestionó la confiabilidad de sus registros estadísticos.
Aguilar explicó que la nueva administración implementó registros electrónicos, expedientes digitales, turnos aleatorios y seguimiento en línea. También anunció la sustitución definitiva de los libros de registro manual por un sistema informático de gestión de asuntos.
Ahorros de 4 mil 700 millones y eliminación de privilegios
En materia de austeridad, el presidente de la SCJN reportó ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos durante el primer año en el conjunto del Poder Judicial de la Federación. Afirmó que la nueva administración redujo gastos y eliminó servicios considerados superfluos para ministras y ministros.
Aguilar defendió la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizada para quienes integran el Pleno. Aseguró que las remuneraciones de los ministros se ajustan a los límites establecidos por la Constitución y que los criterios de austeridad también se aplican en otros órganos superiores del Poder Judicial.
La discusión sobre las prestaciones se intensificó en agosto, cuando Sheinbaum cuestionó una propuesta respaldada por seis ministros para restablecer un seguro de gastos médicos mayores destinado al personal de la Corte. La presidenta manifestó su desacuerdo con financiar ese tipo de beneficios mediante recursos públicos.
Justicia digital y nuevas medidas de disciplina judicial
El informe también incluyó el trabajo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aguilar destacó las acciones de administración, digitalización y atención ciudadana emprendidas por estas instituciones.
El TDJ instaló seis visitadurías regionales y puso en marcha un modelo de evaluación cualitativa para personas juzgadoras. También fortaleció mecanismos de quejas y acciones para prevenir y atender hostigamiento, violencia y discriminación dentro del Poder Judicial.
En materia electoral, el ministro destacó los servicios de defensoría pública, la atención especializada de casos de violencia política contra las mujeres y los programas itinerantes para ampliar el acceso a la justicia. El OAJ, por su parte, impulsó el expediente electrónico, la firma digital y la especialización del personal.
Las líneas y acciones de trabajo 2025-2027 de la Suprema Corte establecen los ejes institucionales de justicia cercana al pueblo, pluricultural, inclusiva, digital, ambiental y con perspectiva de género. El documento también plantea una administración eficiente y responsable de los recursos públicos.
La reforma judicial y el debate sobre la independencia
La nueva integración de nueve ministros asumió funciones el 1 de septiembre de 2025, después de la primera elección judicial federal, celebrada el 1 de junio de ese año. La reforma constitucional de 2024 sustituyó el sistema anterior de designaciones por elecciones populares para diversos cargos del Poder Judicial.
La elección judicial ha generado posturas encontradas sobre la independencia de los tribunales. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que pueden surgir de los mecanismos de selección y elección de personas juzgadoras. Aguilar, en cambio, sostiene que el nuevo modelo conserva la autonomía constitucional y permite una justicia más cercana a la ciudadanía.
El ministro reconoció durante su informe que la renovación de integrantes y la aprobación de nuevas reglas no eliminan de inmediato las prácticas institucionales anteriores. Señaló que todavía existen resistencias y formas de impartir justicia que deben transformarse.
Sheinbaum respalda el balance de la nueva Corte
La presidenta Claudia Sheinbaum asistió al informe y posteriormente describió al nuevo Poder Judicial como electo, austero y cercano. En su mensaje, afirmó que su responsabilidad fundamental es garantizar que la justicia esté al alcance de todas las personas.
Horas antes de la ceremonia, la mandataria había señalado que el Poder Judicial actual es mucho mejor que el anterior y expresó que abordaría el balance con mayor amplitud durante su conferencia del martes 8 de septiembre.
Al acto también asistieron representantes del Congreso de la Unión, autoridades federales, personas juzgadoras, integrantes de pueblos indígenas, organizaciones civiles, instituciones académicas, sindicatos y cámaras empresariales.
*BC
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