Un expediente por 89.2 millones de litros de diésel, tres cargamentos marítimos y un presunto daño fiscal cercano a 593 millones de pesos quedó atrapado en una disputa jurídica que ahora deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La investigación comenzó por operaciones realizadas en 2019 a través del puerto de Tuxpan, Veracruz, pero el conflicto surgió después de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM): los tribunales cuestionaron qué dependencia tenía facultades para representar el interés fiscal de la Federación cuando la Fiscalía General de la República llevó las acusaciones ante los jueces.
El punto es decisivo porque cuatro personas fueron vinculadas a proceso por contrabando relacionado con los tres cargamentos y posteriormente esos autos fueron revocados por un Tribunal Colegiado de Apelación en Veracruz. La Suprema Corte atrajo recursos para definir si el SAT conserva facultades en este tipo de procedimientos después de que la ANAM asumió competencias aduaneras.
Tres buques movieron más de 89 millones de litros de diésel
Las operaciones investigadas ocurrieron entre octubre y diciembre de 2019 y estuvieron relacionadas con Navecopa, Dersa Oil & Gas e Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu), además de una agente aduanal. La FGR abrió las carpetas desde 2020.
Uno de los cargamentos llegó en el buque Akeraios, que transportó aproximadamente 28.7 millones de litros de diésel. De esa cantidad fueron declarados 2.8 millones, mientras el daño fiscal atribuido a la operación asciende a 205.3 millones de pesos.
Por esa operación fueron acusados Adrián Esteban Hernández Cristóbal, apoderado legal de Navecopa, y Mario Guijarro Tamayo, administrador de Dersa Oil & Gas.
Otro embarque arribó a bordo del Atlantic Bay con 28.7 millones de litros. La declaración aduanera reconoció 7.1 millones, lo que dejó una diferencia de aproximadamente 21.6 millones de litros y un perjuicio fiscal calculado en 173 millones de pesos.
En este expediente fue imputado Édgar Marín Meza, presidente de Iprosu. La propia síntesis informativa de la Suprema Corte refiere el caso del Atlantic Bay y señala que la controversia jurídica se concentra en determinar si el SAT mantenía facultades para representar el interés fiscal después de la creación de la ANAM.
El tercer cargamento transportó 31.8 millones de litros de diésel, de los cuales fueron declarados 4.7 millones. El daño fiscal atribuido a esa operación alcanza los 215 millones de pesos. En esta causa fue imputada la agente aduanal Patricia Guerra Miranda.
En conjunto, los tres embarques representan aproximadamente 89.2 millones de litros de combustible y un perjuicio fiscal calculado en alrededor de 593.3 millones de pesos.
La creación de la ANAM cambió el escenario jurídico
Cuando ocurrieron las importaciones investigadas, las funciones aduaneras estaban integradas dentro de la estructura del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El cambio llegó con la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuyo Reglamento Interior fue publicado el 21 de diciembre de 2021. El decreto estableció que entraría en vigor el 1 de enero de 2022 y otorgó a la nueva agencia atribuciones como autoridad fiscal y aduanera.
A partir de esa reorganización, la ANAM quedó a cargo de la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección, además de aplicar las disposiciones relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
Las carpetas por los cargamentos de Tuxpan habían comenzado desde 2020, pero la FGR las judicializó durante 2023 y 2024, cuando la ANAM ya se encontraba en operaciones. Ese desfase institucional abrió la discusión sobre cuál autoridad debía participar formalmente para representar el interés fiscal en los procesos.
¿Qué debe resolver la Suprema Corte?
La SCJN atrajo recursos relacionados con estos expedientes para fijar un criterio sobre una cuestión concreta: si el SAT conserva facultades para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando después de que las competencias aduaneras pasaron a la ANAM.
El Código Fiscal de la Federación coloca a la Secretaría de Hacienda como víctima u ofendida en los procedimientos penales por delitos fiscales. Su artículo 92 establece además que, para proceder por determinados delitos de contrabando, debe formularse previamente una declaratoria de perjuicio al Fisco Federal.
Por su parte, el artículo 102 define el contrabando como la introducción o extracción de mercancías del país omitiendo total o parcialmente las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, entre otros supuestos.
El conflicto del megacaso de Tuxpan se ubica precisamente en el enlace entre esas disposiciones fiscales y la reorganización administrativa que entró en vigor en 2022.
El fallo puede marcar otros procesos por contrabando
La resolución tendrá un efecto que rebasa los tres cargamentos investigados en Veracruz. El criterio que adopte la Corte definirá cómo deben entenderse las facultades del SAT y la ANAM en investigaciones penales por contrabando iniciadas antes de la reorganización aduanera pero judicializadas después de ella.
El expediente muestra el tamaño de la controversia: tres buques, casi 90 millones de litros de diésel, cuatro personas procesadas y más de 593 millones de pesos en presunto perjuicio fiscal.
La Suprema Corte deberá resolver ahora qué autoridad estaba facultada para sostener la representación del fisco en estos procesos, una definición jurídica que puede determinar el rumbo del mayor caso de huachicol fiscal por buques llevado ante tribunales federales.
*OCR
184
Me Gusta
Comentar
Compartir
