El general en retiro y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó la prisión federal en Brooklyn después de permanecer aproximadamente tres meses bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, mientras enfrenta cargos relacionados con una presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez se entregó el pasado 11 de mayo a las autoridades estadounidenses por los cargos presentados en su contra en Nueva York. Su salida del centro penitenciario ocurre mientras las partes mantienen una negociación con el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con información de autoridades judiciales.
Mérida Sánchez deja prisión y entra en una nueva etapa del proceso
De acuerdo con registros oficiales del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Mérida Sánchez dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto.
Hasta ahora, el general en retiro no aparece registrado como ingresado nuevamente en otro centro penitenciario federal. Sin embargo, su salida no significa necesariamente que haya obtenido una liberación definitiva ni que el proceso judicial en su contra haya concluido.
El movimiento ocurre después de que la audiencia de seguimiento de su caso, que estaba prevista originalmente para el 4 de agosto ante la jueza Katherine Polk Failla, fuera pospuesta de manera indefinida.
La modificación de la audiencia coincide con las conversaciones que mantienen la defensa y los fiscales estadounidenses para definir el futuro del proceso judicial.
Exsecretario de Seguridad podría colaborar con EU
El escenario que se analiza es que Gerardo Mérida Sánchez continúe bajo custodia de autoridades federales estadounidenses, aunque fuera de una prisión convencional, mientras se determina si se incorpora a un esquema de colaboración con la justicia de Estados Unidos.
Este tipo de acuerdos puede permitir a los acusados proporcionar información a las autoridades a cambio de beneficios dentro de sus procesos judiciales, aunque las condiciones específicas de cualquier negociación deben ser establecidas por las partes y autorizadas por las autoridades correspondientes.
Una situación similar se ha presentado con Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes permanecen bajo resguardo en un sitio confidencial mientras colaboran con las autoridades estadounidenses y avanzan sus respectivos procesos.
En el caso de Mérida Sánchez, cualquier eventual acuerdo de cooperación dependerá de las negociaciones entre su defensa y los fiscales estadounidenses.
Abogada de Mérida Sánchez tiene experiencia como fiscal federal
La defensa del exsecretario de Seguridad de Sinaloa está encabezada por la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien anteriormente trabajó como fiscal federal en el mismo Distrito Sur de Nueva York donde actualmente se desarrolla el proceso.
Krissoff cuenta con experiencia en procedimientos relacionados con investigaciones federales y acuerdos de culpabilidad, por lo que su participación resulta relevante en la estrategia jurídica que actualmente sigue Mérida Sánchez.
El exfuncionario se convirtió así en el segundo exservidor público de Sinaloa que se entrega a autoridades estadounidenses dentro de este caso.
El primero fue Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración de Sinaloa, quien tampoco ha sido ingresado a un centro penitenciario federal desde que comenzó su proceso y mantiene conversaciones con autoridades de Estados Unidos sobre una posible colaboración como testigo.
Caso Farías sigue pendiente de extradición
En otro proceso relacionado con investigaciones sobre presuntas operaciones de contrabando de combustible, la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna negó que esté confirmada su llegada a México desde Argentina.
Ante versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que Farías Laguna sería extraditado y que llegaría este martes al país, su defensa informó que no existe confirmación oficial sobre ese escenario.
El Despacho Mendieta y Asociados, encargado de su defensa, señaló que dará a conocer cualquier cambio en la situación jurídica del excontralmirante.
El gobierno de Argentina no autorizó una expulsión o deportación inmediata de Farías Laguna hacia México. Por ello, se abrió un plazo de 60 días para que las autoridades mexicanas presentaran formalmente la solicitud de extradición.
De acuerdo con la información disponible en el caso, ese plazo concluyó el pasado 21 de junio, por lo que cualquier traslado a México dependerá del procedimiento correspondiente y de las decisiones de las autoridades de ambos países.
*BC
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