La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta cuestionamientos tras revelarse un esquema de “licencias doradas” que permitió a altos funcionarios ausentarse de sus cargos con goce de sueldo íntegro.
De acuerdo con una investigación periodística por El Universal, este modelo operó en la etapa previa a la reforma judicial de 2024, dejando al descubierto prácticas consideradas como privilegios dentro del Poder Judicial.
49 funcionarios con permisos pagados
Los documentos revelan que al menos 49 altos funcionarios recibieron este tipo de beneficios entre 2019 y 2025.
Estos permisos se otorgaban bajo el argumento de “asuntos personales graves”, lo que permitía a los servidores públicos dejar sus funciones sin perder ingresos.
Uno de los casos más representativos es el de una directora del área constitucional, quien habría recibido más de 740 mil pesos durante seis meses sin desempeñar sus funciones.
Opacidad en el uso de recursos públicos
A pesar de tratarse de recursos públicos, los detalles sobre estas licencias fueron clasificados como información confidencial.
El Comité de Transparencia argumentó que revelar los motivos podría afectar la privacidad de los funcionarios, al tratarse de datos personales sensibles.
Esta decisión ha sido criticada por especialistas, quienes consideran que limita la rendición de cuentas en el uso del presupuesto federal.
Duplicidad de gasto: plazas cubiertas y salarios activos
Otro punto relevante es que, mientras los funcionarios gozaban de licencia con sueldo, sus puestos eran ocupados de manera interina.
Esto generó una duplicidad en el gasto público, ya que:
- Se mantenía el salario del funcionario ausente
- Se pagaba a un reemplazo temporal
- Se incrementaban los costos operativos
El esquema evidencia un uso cuestionable de los recursos en la administración judicial.
Críticas por privilegios en el Poder Judicial
Expertos señalan que estos beneficios reflejan una brecha entre la élite judicial y la ciudadanía, ya que este tipo de permisos son inalcanzables para la mayoría de los trabajadores en México.
Además, subrayan que el Poder Judicial, al ser financiado con recursos públicos, debe garantizar transparencia en sus decisiones administrativas.
Reforma judicial y fin de los excesos
El caso se da en el contexto de la reforma judicial impulsada en 2024, que busca eliminar privilegios y fortalecer la austeridad en las instituciones.
Estas revelaciones refuerzan el debate sobre la necesidad de:
- Mayor transparencia
- Control del gasto público
- Eliminación de beneficios discrecionales
Con información de El Universal
*BC
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