Una de las familias lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico presentó este lunes una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones, así como una denuncia por abuso de autoridad contra los contratistas responsables del accidente ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas.
La denuncia fue interpuesta por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, en representación de Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích, quienes resultaron heridos en el siniestro.
Denuncia busca participar activamente en la investigación
El abogado Adrián Arellano explicó que la querella se presentó sin la presencia física de la familia afectada, con el objetivo de aportar información y colaborar con la investigación que ya inició la FGR.
Señaló que las víctimas buscan evitar que el caso quede en el olvido, al advertir que los procesos de reparación del daño podrían tardar más de dos años.
Acusan omisiones y corrupción de funcionarios
En entrevista telefónica, Juan Manuel Iglesias afirmó que la denuncia apunta a funcionarios que omitieron su trabajo y permitieron actos de corrupción que derivaron en el descarrilamiento.
Indicó que su familia permanece hospitalizada en condiciones adversas, con carencia de insumos médicos y atención poco sensible, mientras 11 víctimas continúan bajo vigilancia médica.
Lesiones graves tras el accidente
Iglesias detalló que su hijo sufrió una herida de 18 puntos en la cabeza y una lesión en el brazo, por la que fue sometido a cirugía.
Él presentó una lesión de segundo grado en el tobillo, mientras que su esposa tuvo una afectación de primer grado en la cervical, derivadas del impacto del tren.
Contratistas señaladas por irregularidades
La defensa explicó que, con base en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas entre 2019 y febrero de 2025, la denuncia involucra a las principales empresas contratistas:
Comsa Infraestructuras
Grupo Constructor Diamante
Daniferrotools
La ASF advirtió mala supervisión, deficiencias en la construcción y rehabilitación, además de la ausencia de evidencia fotográfica de los trabajos realizados.
Llamado a no cerrar la puerta a las víctimas
Sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no era necesario iniciar procedimientos legales para recibir atención, Iglesias sostuvo que busca evitar que las autoridades excluyan a las víctimas del proceso.
Por su parte, Arellano pidió que la asesoría legal gratuita no sea vista como un obstáculo, sino como una herramienta para esclarecer responsabilidades en el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Con información de El Financiero
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