Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre de 2026, a los 87 años, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, después de enfrentar cuatro intentos de desahucio y perder finalmente la vivienda donde había pasado siete décadas de su vida.
El desalojo definitivo ocurrió el 23 de septiembre, cuando fue retirada de su departamento en el barrio de Retiro. Su estado de salud era delicado y, tras salir del inmueble en silla de ruedas, fue trasladada en camilla al hospital, donde falleció dos semanas después.
Su historia provocó manifestaciones multitudinarias, una acampada en la Puerta del Sol y una crisis política que llevó al gobierno español a impulsar medidas de protección a los inquilinos. El rechazo de esas propuestas en el Congreso precedió a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
Aunque los propietarios aceptaron posteriormente que Maricarmen regresara a su hogar, el acuerdo llegó demasiado tarde. La mujer murió antes de volver al departamento donde había vivido desde 1956.
Cuatro intentos de desahucio antes de perder su casa
El conflicto se prolongó durante varios años, pero los intentos de ejecutar el desalojo comenzaron en octubre de 2025, cuando una primera movilización de vecinos y organizaciones sociales consiguió suspender el procedimiento.
Durante el verano de 2026 se registraron otros dos intentos, uno a principios de junio y otro a finales del mismo mes. Ambos fueron aplazados después de nuevas protestas organizadas por residentes del barrio y el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Para entonces, Maricarmen se había convertido en una figura conocida entre quienes defendían el derecho a permanecer en una vivienda asequible.
Su imagen apareció en medios de comunicación y las concentraciones frente al edificio comenzaron a reunir a personas que no la conocían personalmente, pero que identificaban su situación con la crisis de alquileres.
El cuarto intento llegó el 23 de septiembre de 2026. La noche anterior, cientos de manifestantes permanecieron cerca del edificio para intentar impedir el desalojo.
Maricarmen aguardaba dentro de su departamento, rodeada de pertenencias guardadas en cajas. Su movilidad había disminuido y utilizaba una silla de ruedas.
Alrededor de las 13:00 horas, la comisión encargada de ejecutar la resolución judicial consiguió desalojarla.
La mujer salió del inmueble y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
Así concluyó una serie de cuatro intentos de desahucio que comenzó casi un año antes y que transformó un conflicto de arrendamiento en una movilización social de alcance nacional.
Una disputa por un alquiler de 500 euros que llegó a los tribunales
La historia de Maricarmen en aquel departamento comenzó en 1956, cuando su padre alquiló una vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
Después de la muerte del padre, el contrato pasó a su esposa. Cuando la madre falleció, en 2005, Maricarmen continuó ocupando el inmueble bajo las condiciones del arrendamiento familiar.
Durante años pagó aproximadamente 500 euros mensuales, incluidos los gastos relacionados con la vivienda.
El conflicto comenzó después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el departamento.
En 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversión compró el inmueble y durante los primeros años permitió que Maricarmen continuara pagando la renta habitual.
Sin embargo, en 2020 la empresa le comunicó que debía abandonar la propiedad al considerar que el contrato anterior había dejado de tener validez.
La controversia giró alrededor de las reglas españolas sobre la transmisión de contratos antiguos de alquiler entre familiares, conocidas jurídicamente como subrogaciones.
Un juzgado de primera instancia inicialmente dio la razón a Maricarmen, pero en 2022 la Audiencia Provincial resolvió en sentido contrario. Posteriormente, el Tribunal Supremo no admitió el recurso presentado por su defensa, por lo que la resolución quedó firme.
La empresa llegó a plantearle un nuevo arrendamiento cercano a mil 600 euros mensuales, mientras que Maricarmen recibía una pensión aproximada de mil 400 euros.
La diferencia económica hacía difícil que pudiera permanecer en el departamento bajo las nuevas condiciones.
Su abogada denunció un deterioro físico durante el proceso
La abogada Beatriz Duro, quien representó a Maricarmen durante el conflicto judicial, sostuvo que los intentos de desahucio tuvieron consecuencias importantes en el estado físico y emocional de la mujer.
En una entrevista concedida el 7 de octubre, después del fallecimiento, explicó que había conocido a Maricarmen antes del procedimiento y que entonces conservaba una mayor autonomía.
De acuerdo con su testimonio, la mujer pasó de realizar actividades cotidianas por cuenta propia a necesitar una silla de ruedas durante las últimas etapas del conflicto.
Duro afirmó que el deterioro de su salud se volvió especialmente evidente conforme avanzaban los intentos de desalojo.
La abogada también cuestionó que no se hubiera suspendido definitivamente el procedimiento ante la edad y la situación de vulnerabilidad de su representada.
La defensa considera que evitar el desahucio pudo haber cambiado el desenlace, pero se trata de una valoración de la abogada y no de una conclusión médica o judicial sobre las causas del fallecimiento.
Maricarmen permaneció hospitalizada desde el 23 de septiembre hasta su muerte el 7 de octubre. Su entorno había advertido previamente sobre la fragilidad de su salud.
En España, tres de cada cuatro desahucios están relacionados con alquileres
La situación de Maricarmen ocurrió en un país donde los conflictos relacionados con arrendamientos representan la mayoría de los procedimientos judiciales de lanzamiento.
De acuerdo con estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, difundidas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), durante 2025 se registraron 24 mil 540 lanzamientos judiciales en España.
De ese total, 18 mil 317 estuvieron relacionados con alquileres, equivalentes aproximadamente al 75% de los procedimientos.
Otros 4 mil 346 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y mil 877 fueron clasificados en otras categorías.
Las cifras muestran que el arrendamiento constituye el principal origen de estos procedimientos, aunque las causas pueden variar entre impagos, controversias contractuales y otras circunstancias.
La distribución territorial también revela diferencias entre comunidades autónomas.
Cataluña concentró el 27% de los lanzamientos relacionados con alquileres, seguida de Andalucía, con 14%; Comunidad Valenciana, con 12%, y Madrid, con 11%.
Estas estadísticas no significan que todos los casos sean equivalentes al de Maricarmen, pero permiten dimensionar la presencia de los conflictos habitacionales en el sistema judicial español.
La OCU también señala la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y garantizar respuestas sociales para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Las protestas por Maricarmen llegaron a la Puerta del Sol
El desalojo del 23 de septiembre provocó una respuesta ciudadana que creció durante los días siguientes.
El 26 de septiembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para rechazar lo ocurrido y exigir medidas frente al encarecimiento de los alquileres.
Al terminar la movilización, algunos participantes instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol, una de las plazas más conocidas de la capital española.
La acampada continuó durante los días posteriores y se convirtió en un punto de encuentro de organizaciones vecinales, sindicatos de inquilinos y ciudadanos que reclamaban soluciones a la crisis habitacional.
Las protestas también se extendieron a otras ciudades.
El caso dejó de representar únicamente la situación de una mujer de 87 años y pasó a concentrar demandas más amplias relacionadas con el precio de los alquileres, los contratos de vivienda y la protección de personas mayores.
El acuerdo para regresar a su casa llegó antes de su muerte
La presión social también abrió una nueva negociación entre la empresa propietaria, los representantes de Maricarmen y las autoridades municipales.
El 28 de septiembre de 2026, las partes alcanzaron un acuerdo para que la mujer pudiera volver a su departamento.
La propuesta contemplaba un nuevo contrato de ocho años, con un alquiler de precio similar al que pagaba anteriormente.
El 2 de octubre, la empresa formalizó el contrato correspondiente y entregó las llaves de la vivienda.
Sin embargo, Maricarmen continuaba hospitalizada y no pudo regresar.
De acuerdo con la cronología difundida después de su fallecimiento, estaba previsto que el 8 de octubre firmara el nuevo contrato que le permitiría recuperar su hogar.
Murió un día antes.
Su defensa y las organizaciones que la acompañaron lamentaron que la solución se hubiera alcanzado después de la ejecución del desahucio y cuando su situación médica ya impedía el regreso.
El Congreso rechazó las medidas de vivienda de Pedro Sánchez
La movilización social tuvo consecuencias en el ámbito político español.
El gobierno encabezado por Pedro Sánchez impulsó dos decretos relacionados con la protección de inquilinos y otras medidas habitacionales, con la intención de responder a las demandas surgidas durante las protestas.
Las iniciativas llegaron al Congreso de los Diputados el 1 de octubre, pero no consiguieron los votos necesarios para su convalidación.
Los partidos Popular, Vox y Junts votaron en contra de las disposiciones.
El rechazo representó un revés para el Ejecutivo, que enfrentaba dificultades para construir acuerdos parlamentarios.
El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de la crisis política intensificada por la votación.
Posteriormente, el Consejo de Ministros volvió a aprobar medidas sobre vivienda, con la intención de someterlas al órgano parlamentario encargado de actuar durante el periodo de disolución de las Cortes.
El episodio mostró cómo un conflicto habitacional individual adquirió relevancia nacional y contribuyó a modificar la agenda del gobierno español.
La muerte de Maricarmen reavivó el debate sobre vivienda digna
Maricarmen falleció cuando su caso ya había impulsado manifestaciones y una discusión nacional sobre los derechos de los inquilinos.
Su historia reunió distintos elementos de la crisis habitacional: contratos antiguos, aumento de alquileres, disputas judiciales y dificultades económicas de adultos mayores.
Las organizaciones que la acompañaron mantienen la exigencia de reforzar las garantías para personas vulnerables frente a procedimientos de desalojo.
Además, se convocó una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre de 2026, con participación anunciada de organizaciones sociales y sindicatos.
La discusión continúa en el escenario previo a las elecciones generales, mientras partidos políticos y organizaciones ciudadanas plantean alternativas para ampliar el acceso a viviendas asequibles.
Maricarmen había pasado prácticamente toda su vida adulta en el mismo departamento. Tras cuatro intentos de desahucio, perdió su casa, consiguió un acuerdo para recuperarla y murió antes de poder regresar.
Su historia quedó vinculada a una pregunta que continúa presente en España: cómo proteger el derecho a la vivienda sin dejar de atender las obligaciones contractuales y los derechos de quienes son propietarios.
En síntesis...
- Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre de 2026, a los 87 años, después de permanecer hospitalizada tras su desahucio.
- Enfrentó cuatro intentos de desalojo: uno en 2025, dos durante el verano de 2026 y el definitivo el 23 de septiembre.
- Vivió desde 1956 en un departamento de Madrid, donde pagaba alrededor de 500 euros mensuales.
- Su abogada, Beatriz Duro, denunció un grave deterioro de su salud durante el conflicto, aunque no existe una conclusión médica pública que atribuya su muerte al desahucio.
- En España se registraron 24 mil 540 lanzamientos judiciales en 2025, de los cuales aproximadamente el 75% estuvo relacionado con alquileres.
- Las protestas impulsaron dos decretos de vivienda que fueron rechazados por el Congreso, antes del anuncio de elecciones anticipadas.
- Aunque consiguió un acuerdo para regresar a su vivienda con un nuevo contrato de ocho años, Maricarmen murió antes de volver a casa.
*BC
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