A 15 años del nacimiento del histórico movimiento de "los indignados" o 15-M, una nueva generación de jóvenes tomó nuevamente la emblemática Puerta del Sol de Madrid con casas de campaña para protestar contra la precariedad y el encarecimiento desmedido de la vivienda en España.
Los manifestantes advirtieron que no levantarán la acampada hasta que el gobierno central apruebe un decreto con medidas contundentes que garanticen el derecho a un hogar accesible y detengan las expulsiones de inquilinos.
La chispa que detonó la movilización fue el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada de su hogar por un fondo de inversión, suceso que desencadenó el hartazgo de miles de ciudadanos que enfrentan rentas inasumibles, acaparamiento por parte de fondos buitre y la proliferación de pisos turísticos y de lujo.
Ante la presión en las calles, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró durante un acto público que se encuentra trabajando a contrarreloj para llevar al Consejo de Ministros un decreto ley que contemple soluciones inmediatas a la problemática social.
Por su parte, voceros del Sindicato de Inquilinas detallaron que las exigencias principales incluyen el establecimiento de contratos de arrendamiento indefinidos por defecto, la expropiación de viviendas en manos de grandes tenedores y la suspensión definitiva de los desahucios que afectan a miles de familias anualmente.
Los jóvenes participantes de la protesta denunciaron que la crisis del sector inmobiliario les impide emanciparse o los obliga a destinar más del 50 y hasta el 60 por ciento de sus salarios únicamente al pago del alquiler, erosionando su calidad de vida y estabilidad económica.
A la acampada en la Puerta del Sol se sumó una masiva manifestación del sector educativo que reunió a más de 20 mil personas en el centro de Madrid, generando un frente común entre docentes y sindicatos de vivienda en defensa de los servicios públicos.
En contraste, la extrema derecha española, encabezada por Santiago Abascal, criticó severamente la protesta calificando a los manifestantes como grupos afines al Ejecutivo y atribuyó el déficit habitacional al incremento en los flujos migratorios y a la escasa construcción de vivienda pública durante los últimos años.
La atención política en España se concentra ahora en la sesión del Consejo de Ministros de este martes, fecha límite fijada por los colectivos sociales para evaluar la efectividad del decreto gubernamental y determinar la continuidad del campamento en la capital.
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