El presunto autogobierno en el penal de Puente Grande, en Jalisco, vuelve a generar preocupación luego de que testimonios señalaran la existencia de una estructura interna que controla la venta de productos, el cobro por diversos servicios e incluso el acceso a teléfonos celulares dentro del centro penitenciario.
De acuerdo con relatos recabados, en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande se comercializan bebidas alcohólicas, se cobran visitas conyugales y se rentan celulares por miles de pesos, mientras personas privadas de la libertad afirman que quienes ejercen el control no son las autoridades, sino integrantes de grupos criminales.
Testimonios señalan cobros por cerveza, celulares y visitas conyugales
Una visitante del penal relató que durante sus ingresos ha observado un ambiente donde presuntamente opera un autogobierno, situación que permite la venta de diversos productos y servicios prohibidos.
Según su testimonio, una caguama de cerveza puede costar hasta 200 pesos, mientras que una visita conyugal tendría un costo aproximado de 2 mil pesos.
Uno de los cobros que más llamó la atención es la presunta renta de teléfonos celulares, cuyo precio alcanza 15 mil pesos, sin que exista un periodo determinado para su uso.
La entrevistada aseguró que este beneficio únicamente estaría disponible para determinados internos y que no toda la población penitenciaria puede acceder a ese tipo de privilegios.
Internos aseguran que el control está en manos de "la plaza"
Durante sus visitas, la mujer afirmó haber observado la presencia de personas identificadas como integrantes del autogobierno, quienes presuntamente portaban teléfonos celulares y vigilaban las conversaciones entre internos y familiares.
Incluso aseguró que algunos reclusos le comentaron que dichas personas ingresan desde el exterior para brindar protección a determinados internos o realizar distintos trabajos dentro del penal.
También afirmó que el interno al que visitaba le comentó que recientemente se había registrado un homicidio dentro del centro penitenciario presuntamente cometido por integrantes del propio grupo que controla diversas actividades.
La visitante sostuvo que "ahí no manda la autoridad; mandan los de 'la plaza'", haciendo referencia a la estructura criminal que, según dijo, domina buena parte de la operación cotidiana.
Venta de productos y cobros por servicios básicos
Los testimonios también describen un mercado interno donde presuntamente se comercializan diversos artículos bajo el control de grupos criminales.
Entre los productos mencionados se encuentran:
- Tejuino.
- Chocolates.
- Hielitos.
- Algodones de azúcar.
Además, personas privadas de la libertad habrían señalado que también existen cobros por utilizar servicios básicos como las regaderas, cuyo costo sería de cinco pesos por uso.
Estas prácticas formarían parte de un esquema económico interno administrado por quienes ejercen el presunto autogobierno dentro del penal.
Especialista advierte que el problema se repite en la mayoría de los penales
El penitenciarista José Luis Mussi, quien cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el sistema penitenciario mexicano, consideró que el caso de Puente Grande no sería un hecho aislado.
Explicó que aproximadamente el 90 por ciento de los 261 centros penitenciarios estatales presentan algún tipo de cogobierno, donde grupos de internos controlan actividades económicas, cobran cuotas y manejan la venta de productos legales e ilegales.
Según el especialista, este fenómeno se origina por diversos factores como:
- Corrupción de autoridades.
- Sobrepoblación penitenciaria.
- Mala clasificación criminológica.
- Escasez de custodios.
- Falta de capacitación de directivos.
Corrupción y falta de preparación, entre las causas del cogobierno
José Luis Mussi sostuvo que muchos directores de centros penitenciarios llegan a esos cargos sin la preparación necesaria para administrar una prisión.
De acuerdo con su análisis, en ocasiones los nombramientos responden a decisiones políticas más que a perfiles especializados, situación que termina debilitando la capacidad institucional para mantener el control de los penales.
Las denuncias sobre el funcionamiento de Puente Grande reabren el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario mexicano y los mecanismos de supervisión que deben garantizar la seguridad tanto de internos como de visitantes.
*BC
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