El caso en el que un juez absolvió a integrantes de la Guardia Nacional acusados de secuestro en Puebla escaló a instancias administrativas y penales, luego de que víctimas denunciaran presuntas irregularidades en el proceso judicial.

El juez de Oralidad de la región Puebla, Celestino Martínez Bones, fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla y ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, tras dictar una resolución absolutoria a favor de Luis Javier N., elemento activo de la Guardia Nacional (GN), y del exmilitar Rogelio Sergio N., pese a que fueron detenidos en flagrancia.

Víctimas apelarán el fallo

Miguel Barrueta Rodríguez, reconocido como víctima indirecta, anunció que apelarán la sentencia y que solicitarán la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la resolución pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

“Con esta resolución absolutoria el juez pone en riesgo la seguridad de las víctimas”, declaró, tras señalar que durante más de dos años acudieron a todas las audiencias, pese a recibir amenazas e intimidaciones.

Barrueta sostuvo que el fallo envía un mensaje de impunidad, especialmente cuando involucra a integrantes de una corporación creada para garantizar la seguridad pública, como la Guardia Nacional.

Los hechos: secuestro agravado en San Martín Texmelucan

De acuerdo con la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/PIL-I/000156/2023, el 11 de octubre de 2023 Luis Javier N. y Rogelio Sergio N. llegaron armados a un negocio en San Martín Texmelucan, propiedad de Santiago Barrueta.

Según la denuncia:

• Se identificaron como miembros del CJNG.

• Ataron con cinchos a Santiago y a un amigo.

• Exigieron que pidieran un rescate de 50 mil dólares a sus familiares.

En medio del forcejeo, vecinos acudieron al auxilio y ayudaron a someter a los agresores, quienes fueron entregados a la policía municipal.

Posteriormente, se confirmó que los detenidos eran integrantes de las Fuerzas Armadas.

Evidencias presentadas en el juicio

El denunciante asegura que el juez desestimó múltiples pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, entre ellas:

• Armas con registros F18150096 y F18150203 pertenecientes al arsenal de la GN.

• Un radio de comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

• Videos de cámaras de vigilancia.

• Georreferenciación de celulares.

• Mensajes donde presuntamente acordaron la compra de cinchos.

• El vehículo Jetta asegurado, vinculado a otro ilícito.

Además, declararon ante el Ministerio Público el coronel José Leonardo Hernández Ganem, comandante del Tercer Batallón e Inspector General de la GN, así como otros cinco elementos que viajaban en la patrulla 28098.

A pesar de ello, el juez determinó que no existían elementos suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado.

Liberaciones y preocupación por seguridad

Aunque la sentencia se leyó el 5 de febrero, Barrueta afirmó que el exmilitar Rogelio Sergio ya fue liberado. En tanto, Luis Javier podría obtener su libertad en breve, ya que solo recibió una condena de cuatro años y medio por uso ilegal de armas, lo que le permitiría solicitar beneficios por buena conducta.

Ante este escenario, las familias afectadas solicitaron medidas de protección.

Acusan trato diferenciado y dilación del proceso

En la queja ante el Consejo de la Judicatura, las víctimas señalan que el juez mantuvo un trato diferenciado:

• Limitó el tiempo de declaración de víctimas y testigos.

• Permitió mayor amplitud a la defensa.

• Difirió audiencias en múltiples ocasiones.

Según la denuncia, algunos testigos desistieron de declarar tras múltiples citatorios y por miedo, luego de que uno de ellos fuera golpeado.

Barrueta relató que fue citado en nueve ocasiones para rendir testimonio y que su hijo Santiago declaró vía Zoom desde el extranjero. Durante esa comparecencia, el juez le habría exigido mantener las manos en alto y el rostro fijo frente a la cámara durante aproximadamente tres horas.

Investigación por posible abuso de autoridad

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió la carpeta FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.MUN-I/000051/2026 por posibles delitos relacionados con abuso de autoridad y actos cometidos en la administración de justicia.

Barrueta también denunció que, al cuestionar al juez durante la audiencia, éste ordenó que lo retiraran de la sala y advirtió al Ministerio Público que lo denunciaría.

Señalamientos contra la CNDH

Las víctimas también acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (https://www.cndh.org.mx) de cerrar la queja presentada contra la Guardia Nacional mediante una conciliación cuyos términos —aseguran— desconocen.

En respuesta, la CNDH afirmó que las víctimas solicitaron la conciliación y que existía la petición de una indemnización de 10 millones de pesos por afectado.

Sin embargo, los quejosos rechazaron esa versión y aseguraron que la Comisión los revictimizó al sugerir que buscaban una compensación económica elevada. Según su postura, su principal demanda era garantizar medidas de protección ante posibles represalias.

Además, señalaron que uno de los acusados dio lectura en audiencia a la carta enviada por la CNDH a medios de comunicación.

Caso podría sentar precedente en Puebla

El caso de los elementos de la Guardia Nacional acusados de secuestro en Puebla podría marcar un precedente sobre la actuación judicial en procesos que involucran a fuerzas de seguridad.

Mientras la apelación avanza y las investigaciones por presuntas irregularidades continúan, las víctimas insisten en que el fallo absolutorio no solo afecta su caso, sino que envía un mensaje preocupante sobre la rendición de cuentas dentro de las corporaciones armadas.

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