El ejercicio de la investigación periodística en México, enfrenta uno de los mayores riesgos que llevan a sus autores incluso a la muerte.
Criminalizada por un gobierno incapaz de reconocer la actividad periodística y un “caso cerrado” para una Fiscalía tras la aprehensión de policías y narcos involucrados en el asesinato de Roxana Guzmán, la gestión de la gobernadora de Veracruz, Roció Nahle, pretende darle la vuelta a la página.
El pasado fin de semana entregaron a la familia restos calcinados para que el lunes fuera sepultada.
El silencio de la máxima autoridad ante un hecho inédito, como la difusión de un video donde se muestra como los criminales llevan a cabo el levantamiento de la periodista en su propio domicilio.
Con esos datos se espera la identificación del grupo de delincuentes, la policía cómplice y la confirmación “científica” de que era la comunicadora mutilada y hervida hasta su disolución en un perol de acero.
Quedaron detenidos para cerrar la carpeta, Javier Iván “N”, alias “Delta1”, José del Carmen “N”, Alias “Delta 7” y Luis Arturo “N”, alias “Deta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y posteriormente en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, en el homicidio de la comunicadora.
Cuentan como culpables del atroz asesinato en contra de quien Nahle siempre se refirió como la “señora Roxana” y lo más que dijo fue a llamar a la “prudencia” ante el reclamo de la opinión pública.
¿De verdad le dejaba más dinero el crimen que la reporteada, sobre todo luego de observar las condiciones de pobreza de Roxana que vivía en un barrio miserable?
¿A qué se debe el silencio oficial como el sucedido en enero pasado, cuando fue asesinado a mansalva el reportero de nota roja, Carlos Castro, luego que sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, propiedad de sus padres y abrieron fuego de manera directa, causándole la muerte?
Y qué decir cuando el pasado 11 de junio el periodista de Poza Rica, Luis Ángel López, quien tras discutir con un comandante policiaco fue asesinado de 18 balazos.
Hay una colusión de funcionarios y policías con la criminalidad y el desprecio en contra de los representantes de los medios de comunicación.
¿Pretenden su exterminio?
El gobierno de Veracruz y de varios municipios de esa entidad no soportan la crítica, menos la denuncia pública con pruebas.
La impunidad los obliga a la represión, a matarlos físicamente o de hambre, a guardar cero relaciones publicitaria y cobijarse en unos cuantos incondicionales.
No hay diálogo ni se quiere. Lo de Roxana, por más que digan lo contrario, marcará para siempre al actual gobierno de Veracruz.
“Así sucedió con Regina Martínez a quien se buscó criminalizar. Lo mismo pasó con Yolanda Ordaz, de Notiver, decapitada y a Milo Vela cocido a tiros en su recamara”.
Y van 36 muertos de 2004 para esta fecha y los hechos criminales siguen contando.
De las anécdotas que se cuentan
México es un país letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos quince años y figura en el lugar 122 de 180 en la clasificación anual de libertad de prensa de la ONG Reporteros Sin Fronteras, en un escenario global que muestra su peor estado en el último cuarto de siglo.
Más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han sido desaparecidos desde el año 2000 en México, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros sin Fronteras.
Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, señaló que estos datos ubican a México como “el país más violento para el ejercicio del periodismo” desde hace al menos quince años “en todo el continente americano”.
Romeu subrayó que, aunque México avanzó del puesto 124 al 122 respecto a 2025, este aparente progreso es “ilusorio”, dado que no responde a una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo sino al retroceso de otros países, su puntuación pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026.
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*ARD
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