Las granjas clandestinas de criptomonedas vinculadas con grupos del crimen organizado se extendieron a distintas entidades del país, luego de que autoridades federales y estatales desmantelarán instalaciones dedicadas a la minería de activos digitales en Puebla, Sinaloa y Tlaxcala.
Información publicada en el diario español El País, uno de los casos recientes fue detectado en un predio conocido como La Gallera, en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, donde elementos de la Marina y Seguridad Pública aseguraron al menos 100 tarjetas gráficas, 50 equipos de última generación y un transformador eléctrico de uso industrial.
Las investigaciones señalan que la instalación realizaba operaciones de minería de criptomonedas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El descubrimiento sucedió después de que las autoridades identificaron, mediante el uso de drones, una radiación térmica inusual en el inmueble, característica que llamó la atención de los elementos de seguridad debido al funcionamiento permanente de equipos de cómputo de alta capacidad.
También se detectó que la instalación estaba conectada de manera irregular a la red de la Comisión Federal de Electricidad, sin contar con medidores para registrar el consumo de energía.
El titular de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que existen indicios sobre la posible presencia de otras granjas de criptomonedas en la región, por lo que las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación en Tlaola y otros municipios serranos.
En septiembre pasado, las corporaciones de seguridad localizaron otro centro clandestino en un sitio identificado como El Beneficio también en Tlaola, donde fueron aseguradas 300 computadoras especializadas, 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, infraestructura que demuestra la capacidad operativa de las instalaciones utilizadas para generar activos digitales.
En Culiacán, elementos de la Policía Estatal desmantelaron la semana pasada otro centro clandestino de minería de criptomonedas, donde decomisaron 130 equipos de cómputo, tres transformadores eléctricos y un sistema de videovigilancia.
A estos casos se agregan intervenciones desde el año pasado en Tlaxcala, lo que refleja la presencia de instalaciones de minería digital irregular en diferentes regiones del territorio nacional.
La minería de criptomonedas consiste en utilizar equipos informáticos especializados para validar y registrar transacciones dentro de determinadas redes digitales. En el caso de activos como bitcoin, las computadoras resuelven complejos problemas matemáticos y, como recompensa por ese trabajo, reciben unidades de la propia criptomoneda.
La actividad no constituye por sí misma un delito, pero su operación requiere una infraestructura considerable, debido al elevado consumo eléctrico, el funcionamiento continuo de los equipos y los sistemas de ventilación necesarios para controlar el calor generado por los procesadores.
Las características, representan un reto para las autoridades, pueden operar las 24 horas del día y generar un consumo de energía elevado, además de ruido y temperaturas superiores a las habituales en inmuebles convencionales.
En los casos detectados en Puebla y Sinaloa, las conexiones irregulares a la red eléctrica constituyen uno de los principales elementos que apuntan a la comisión de actividades ilícitas, donde no se descarta la colaboración de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Las investigaciones buscan establecer quiénes financiaban y administraban los centros, así como determinar el destino de los activos digitales generados.
La instalación de una granja de minería implica una inversión inicial considerable, principalmente por la adquisición de equipos especializados, cuyo costo puede alcanzar los 20 mil dólares cada uno.
Los ingresos derivados de la minería no son fijos, debido a que dependen de las recompensas obtenidas durante el procesamiento de las transacciones. Por esa razón, las ganancias pueden variar y requieren una operación constante para mantener la rentabilidad de los centros.
Después de asegurar los equipos utilizados en las granjas, las autoridades deben investigar las carteras digitales relacionadas con las operaciones, debido a que esa información puede contribuir a identificar posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita.
El aseguramiento de la infraestructura no necesariamente implica la recuperación de las ganancias obtenidas anteriormente, por lo que resulta necesario rastrear los activos digitales y establecer si fueron utilizados para ocultar o transferir recursos financieros ilegales.
De las anécdotas que se cuentan
Luisa María Acosta, especialista en delitos financieros, explicó que las organizaciones criminales no están abandonando los mecanismos tradicionales de lavado de dinero, sino que están incorporando los criptoactivos a sus esquemas de operación.
Entre los factores que pueden favorecer su utilización está el “pseudonimato” que ofrecen algunas operaciones mediante códigos digitales y la rapidez con la que pueden realizarse las transferencias, lo que puede complicar las labores de identificación y seguimiento por parte de las autoridades.
Advirtió que las diferencias en los marcos regulatorios entre países representan un desafío para combatir operaciones ilícitas relacionadas con criptomonedas, debido a que no todas las jurisdicciones cuentan con disposiciones específicas para supervisar este tipo de actividades.
Los casos de Puebla, Sinaloa y Tlaxcala generan preguntas sobre el alcance de las operaciones de minería digital vinculadas con grupos criminales, así como la identificación de los beneficiarios de los activos generados y su utilización en esquemas de lavado de dinero.
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