La nueva Ley de Amparo

Finalmente quedó aprobada la reforma a la Ley de Amparo, que impulso la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Senado validó la iniciativa presidencial por la vía rápida, sin pasar por las comisiones, después de que la Cámara Baja dio su visto bueno la madrugada del miércoles. La ley salió adelante con la aplanadora morenista y sus aliados, los partidos Verde y el del Trabajo.

La oposición denuncia el debilitamiento del amparo que había convocado el orgullo nacional. La oposición lo calificó como el afán recaudatorio y una medida que cambió la herramienta con la que los ciudadanos combatían los abusos de las autoridades.

La presidenta Sheinbaum tuvo que intervenir con sus legisladores para asegurarse de que esta medida fundamental para su agenda política no sufriera ningún otro contratiempo. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados.

Algunos de ellos han alcanzado la última instancia, pero continúan trabados por los amparos, una técnica dilatoria a la que la presidenta busca poner fin con esta reforma, como ha reiterado y reconoció abiertamente el martes el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. De ellos depende, en parte, que el Ejecutivo pueda mantener sus programas sociales sin implementar una reforma fiscal.

Con la intención de no renunciar a los créditos actualmente en pugna, los diputados incluyeron un artículo transitorio que provocó la discordia en las últimas dos semanas y que permite aplicar la nueva ley a casos ya iniciados.

La redacción que propuso el Senado fue considerada inconstitucional por la oposición, la presidenta Sheinbaum y parte de los propios morenistas, pues vulneraba el principio de retroactividad de las leyes del artículo 14 de la Constitución. La cláusula por la que la sustituyó la Cámara Baja, respaldada el miércoles por su colegisladora, matiza la disposición, pero despierta dudas sobre su constitucionalidad.

Los efectos reales de esta controvertida cláusula, introducida en sendas Cámaras a última hora, están todavía en el aire y dependerán de la discrecionalidad de los jueces que deban aplicarla.

Alegan que más allá del cobro a los grandes deudores fiscales, hay otras materias que podrán verse afectadas por la nueva reforma, como las demandas por afectaciones a la salud, la educación o el medio ambiente.

La reforma delimita esa noción y preocupa entre los defensores de los derechos humanos, a pesar de que la redacción final es menos agresiva que la planteada inicialmente. La inquietud por este punto ha alcanzado también a miembros de la propia bancada oficialista, como la exministra de la Suprema Corte y hoy diputada, Olga Sánchez Cordero, quien argumentó que la nueva disposición “restringe el acceso a la justicia constitucional”.

Otros puntos que inquietaban a las organizaciones civiles fueron suprimidos del texto, como el precepto que eximía a la autoridad responsable del acto impugnado de cumplir la multa impuesta por el juez.

Se eliminó “interés público” como motivo para no autorizar una suspensión. Añadir este concepto a los de interés social y orden público, ya vigentes, inclinaba la balanza a favor del Estado.

El argumento inicial con el que Morena justificó la iniciativa fue la digitalización y la modernización del recurso de amparo. Los cambios introducidos en ese sentido consiguieron el consenso político, pero son lo menos frente a las modificaciones que tocan en lo sustantivo la ley de amparo que tanta polémica causó y será sólo en su aplicación, cuando se sepa si realmente afectará a los ciudadanos contra los abusos de la autoridad.

De las anécdotas que se cuentan

Quizá tarde, organizaciones empresariales, académicas y sociales expresaron su “más enérgico rechazo a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados a la Ley de Amparo, por constituir un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la seguridad jurídica en nuestro país”, según un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla.

Denuncian que esta reforma debilita el control constitucional y afecta directamente a la pequeña y mediana empresa, al restringir la figura del interés legítimo y limitar la posibilidad de obtener suspensión contra actos arbitrarios de autoridad, dejando la protección de los derechos a la discrecionalidad de los jueces.

“Tal como lo advirtieron especialistas como el exministro Javier Laynez Potisek y los académicos del Foro de Constitucionalistas de México: “Dejar sin suspensión el juicio de amparo es sepultar el juicio de amparo.”

Consideraron que el Estado de Derecho y la rectoría democrática no se construyen desde la imposición ni desde la restricción de libertades; se construyen tendiendo puentes de diálogo, respeto y pluralidad. En una República auténticamente democrática, escuchar a la sociedad civil, a los juristas y a la academia es un deber constitucional.  

Exigieron los empresarios “respetuosamente a la Presidenta de la República ejercer su facultad constitucional de veto, y evitar que esta reforma sea publicada en los términos actuales. Asimismo, bajo esta perspectiva, invitamos a los empresarios de Puebla y de todo México a crear mecanismos de control constitucional que permitan anular esta reforma y preservar el Juicio de Amparo como la garantía suprema de protección de los derechos fundamentales y del orden democrático”.

Los empresarios mexicanos llegaron tarde al debate y la presidenta Sheinbaum no va a vetar la iniciativa que envió y ordenó que fuera aprobada.    

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*ARD