El gobierno interino de Sinaloa, encabezado por Graciela Domínguez, anunció la liberación de 300 millones de pesos a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), movimiento financiero que coincidió con el desbloqueo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Rocha Moya percibe una pensión anual de 731 mil 647 pesos derivada de su trayectoria laboral en la máxima casa de estudios de la entidad, institución de la cual también fungió como rector durante el periodo comprendido entre 1993 y 1997.
Desde mayo de 2026, el mandatario con licencia había dejado de recibir el depósito de su jubilación debido al congelamiento preventivo de sus activos financieros, medida aplicada luego de que autoridades de Estados Unidos dieran a conocer una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tras seis meses de restricción financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, confirmó este viernes la reactivación de las cuentas del político para permitirle el cobro de sus pensiones correspondientes a la UAS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE.
Horas después de la resolución federal, la administración estatal informó mediante un comunicado el acuerdo para adelantar las ministraciones presupuestales a la universidad por un total de 300 millones de pesos, destinados a cubrir el pago de salarios para trabajadores activos y jubilados.
El desglose financiero precisado por el Ejecutivo estatal establece que la transferencia se integra por 210 millones de pesos de aportación directa del estado y 90 millones de pesos correspondientes al esquema Pari Passu entregados de manera quincenal.
Días antes del anuncio, la gobernadora interina había puntualizado públicamente que el estado carecía de fondos extraordinarios para rescatar las finanzas universitarias debido a compromisos presupuestales prioritarios en sectores como la producción de maíz.
No obstante, las autoridades aclararon que la operación ejecutada no representa un subsidio adicional, sino un adelanto de las partidas ya etiquetadas en el presupuesto ordinario de los próximos meses a petición de la rectoría universitaria.
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