El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó  ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, la situación de las desapariciones en México, después de activar por primera vez el artículo 34 de la convención internacional que supervisa.

El organismo reiteró que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática en territorio mexicano, hechos que, de acuerdo con su evaluación, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La intervención estuvo a cargo de Juan Pablo Albán, presidente del Comité, quien expuso el informe anual y la decisión adoptada en abril para llevar el caso mexicano a la consideración de la Asamblea General. El procedimiento busca facilitar medidas de cooperación internacional para la búsqueda de personas, las investigaciones y la protección de las víctimas.

La determinación del Comité no constituye una sentencia judicial contra el Estado mexicano. El Gobierno federal ha rechazado sus conclusiones y sostiene que ha emprendido acciones para fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

¿Por qué la ONU llevó las desapariciones en México a la Asamblea General?

El Comité activó en abril de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, después de examinar información presentada por organizaciones civiles y por el Estado mexicano.

En su decisión, distribuida oficialmente el 17 de abril, el organismo explicó que encontró elementos suficientes para considerar que las desapariciones forzadas se han cometido en distintos momentos y regiones del país bajo patrones generalizados o sistemáticos.

El documento señala posibles vínculos entre agentes públicos y organizaciones criminales en determinados casos. La evaluación también identifica situaciones en las que, según la información examinada, existió participación, apoyo o tolerancia de autoridades.

El Comité consideró necesario trasladar el asunto a la Asamblea General para impulsar cooperación técnica, asistencia especializada y otras medidas destinadas a fortalecer la respuesta institucional.

Qué significa el artículo 34 y cuáles son sus alcances

El artículo 34 permite que el Comité contra la Desaparición Forzada informe a la Asamblea General cuando recibe información con indicios fundados de que en un Estado se practican desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática.

Antes de recurrir a este procedimiento, el organismo debe solicitar información al país involucrado. México presentó documentación y respuestas durante el examen desarrollado por el Comité.

La decisión oficial sobre México publicada por Naciones Unidas establece los fundamentos de la activación del mecanismo.

El procedimiento se utilizó por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención. Su aplicación no significa que la Asamblea General haya dictado una condena penal ni aprobado sanciones contra México.

La discusión busca que los Estados miembros consideren las necesidades de cooperación relacionadas con la investigación de las desapariciones, la identificación de personas y la atención a las familias.

Familias buscadoras piden investigaciones y medidas concretas

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares respaldaron la intervención del Comité y solicitaron que el examen internacional permita avanzar en la localización de las personas desaparecidas.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y organizaciones mexicanas, entre ellas IDHEAS, pidieron que la Asamblea General examine la situación con participación de las víctimas.

En su pronunciamiento del 20 de octubre, las organizaciones destacaron la necesidad de investigar posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales, además de fortalecer los mecanismos de búsqueda y acceso a la justicia.

Los colectivos también plantearon que la cooperación internacional debe acompañarse de medidas capaces de esclarecer los casos y determinar responsabilidades mediante investigaciones.

Gobierno de México rechaza señalamientos y presenta avances ante la ONU

El Gobierno mexicano ha cuestionado la decisión del Comité y sostiene que sus conclusiones no reflejan adecuadamente las acciones institucionales emprendidas para atender las desapariciones.

El 16 de octubre, representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República participaron en un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas para exponer los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda.

Durante la reunión, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas fueron localizadas durante 2026, de acuerdo con los registros presentados por el Gobierno federal.

Las autoridades también dieron a conocer la conformación de un grupo de especialistas nacionales e internacionales que, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, revisará las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Entre las acciones reportadas figuran las reformas de 2025 para iniciar investigaciones desde el primer reporte de desaparición, el funcionamiento permanente del Centro de Mando Nacional y el fortalecimiento de las capacidades de identificación humana.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, reiteró la disposición del Gobierno a mantener el diálogo y la cooperación técnica con organismos internacionales.

La presentación de estas medidas forma parte de la respuesta oficial mexicana, mientras el procedimiento iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada continúa en el ámbito de Naciones Unidas.

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