El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General de la ONU que analice formalmente la grave crisis de desapariciones forzadas en México, al advertir que existen indicios de que estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
El jueves 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) decidió remitir con carácter urgente la situación de México al Secretario General de la ONU, António Guterres, para que la Asamblea General considere tomar medidas para apoyar al país en la prevención, investigación, castigo y erradicación de desapariciones forzadas.
El organismo argumenta que hay “indicios bien fundados” de que en el territorio mexicano se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, basándose en la magnitud, el patrón y la dirección de estos hechos contra la población civil.
¿Por qué se considera un posible crimen de lesa humanidad?
Según el Comité, el derecho internacional no exige que las prácticas de desaparición forzada ocurran a nivel nacional o que sean dirigidas desde los más altos niveles del gobierno para ser consideradas crímenes de lesa humanidad; basta con que sean ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil.
Las cifras citadas por el organismo dan cuenta de la profundidad del problema, con miles de fosas clandestinas encontradas en el país y decenas de miles de restos humanos sin identificar, lo que refleja un patrón persistente de violencia extrema.
Rechazo del gobierno mexicano
El Gobierno de México rechazó el informe del Comité, calificándolo como “tendencioso, parcial y sin rigor jurídico”, y defendió que muchas desapariciones son responsabilidad del crimen organizado y no de políticas estatales. Las autoridades aseguraron que se han realizado esfuerzos legislativos e institucionales para enfrentar la crisis, aunque reconocen que faltan resultados sustantivos.
Respaldo de organizaciones de derechos humanos
Organizaciones civiles como el Centro Prodh han respaldado la decisión del Comité, señalando que la respuesta estatal no está a la altura de la gravedad de la crisis. Estas agrupaciones han documentado patrones en los que autoridades locales o estatales han estado, al menos, en omisión frente a desapariciones forzadas, y han resaltado la necesidad de mecanismos eficaces para sancionar a los responsables y atender a las víctimas.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) calificó la decisión del CED de “histórica”, ya que representa un paso clave para debatir colectivamente en la Asamblea General cómo la comunidad internacional puede actuar frente a este flagelo.
Debate internacional y presión sobre México
Activar un procedimiento excepcional como el previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas no busca imputar responsabilidad penal individual, sino movilizar la atención internacional y apoyo técnico, financiero y especializado para atender el problema de raíz y esclarecer la verdad para las familias afectadas.
Defensores de derechos humanos sostienen que esta acción pone a México bajo escrutinio internacional y aumenta la presión sobre el Estado para adoptar reformas estructurales, fortalecer las investigaciones, mejorar la búsqueda forense y garantizar justicia.
Una crisis que trasciende fronteras
La solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada ocurre en un momento en que la comunidad internacional intensifica la supervisión de violaciones graves a los derechos humanos. Aunque México sostiene que la mayoría de las desapariciones son problemas de seguridad interna vinculados al crimen organizado, la ONU y organizaciones civiles enfatizan que la magnitud de los hechos exige acciones urgentes y coordinadas.
Llevar este tema a la Asamblea General de la ONU coloca a México en el centro de un debate global sobre la obligación de los Estados de proteger a sus ciudadanos y de responder efectivamente ante patrones de desaparición sistemática. La expectativa es que la comunidad internacional colabore en soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y atiendan el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos.
*BC
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