Rubén Rocha Moya retomó este viernes 21 de agosto la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo, periodo en el que compareció ante autoridades mexicanas por los señalamientos formulados en Estados Unidos.

El mandatario anunció su regreso mediante un mensaje público en el que aseguró que vuelve “con la frente limpia y en alto” y que concluirá el mandato para el que fue electo, cuyo periodo termina el 31 de octubre de 2027.

Rocha Moya sostuvo que durante su licencia se puso a disposición del sistema de justicia mexicano y afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró los elementos mínimos de prueba para acreditar su participación en alguna conducta penal relacionada con los señalamientos procedentes de Estados Unidos.

Sin embargo, la situación jurídica requiere una precisión: la información pública de la FGR conocida hasta ahora no equivale a una exoneración ni al cierre de la investigación.

¿Qué dijo realmente la FGR sobre Rubén Rocha Moya?

El 8 de julio, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, informó que hasta ese momento no habían surgido pruebas suficientes para alcanzar el parámetro probatorio mínimo exigido por el derecho mexicano respecto de Rocha Moya y las otras personas señaladas por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la Fiscalía indicó que la investigación continuaba abierta y se desarrollaba de manera exhaustiva, con entrevistas ministeriales, reportes e informes incorporados a la carpeta.

Por ello, el mensaje del gobernador sobre su inocencia corresponde a su interpretación y defensa personal frente a las acusaciones, mientras que la postura pública conocida de la FGR se limita a señalar que no había encontrado pruebas suficientes bajo el estándar mexicano.

Rocha Moya afirmó que durante los 112 días fuera del gobierno compareció personalmente ante la Fiscalía y respondió las preguntas y requerimientos de las autoridades. También reiteró que los señalamientos en su contra son falsos y los atribuyó a motivaciones políticas.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto”.

La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya sigue vigente

El regreso al gobierno estatal tampoco significa que haya desaparecido el procedimiento iniciado en Estados Unidos.

El 29 de abril de 2026, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York hicieron pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos delitos relacionados con tráfico de narcóticos y armas.

La acusación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Rocha Moya por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados presuntamente colaboraron con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Esos señalamientos son acusaciones judiciales y no hechos probados. El propio Departamento de Justicia estadounidense establece que los cargos contenidos en el expediente son alegaciones y que los acusados deben considerarse inocentes mientras no se demuestre lo contrario ante un tribunal.

De esta manera, existen dos escenarios paralelos: en México, la FGR informó que no contaba con pruebas suficientes conforme al estándar nacional y mantenía abierta la investigación; en Estados Unidos permanece la acusación federal presentada en abril.

Rocha Moya pidió licencia para enfrentar la investigación

La crisis política comenzó a finales de abril, después de hacerse pública la acusación estadounidense.

El 1 de mayo, Rocha Moya anunció que solicitaría licencia temporal al Congreso de Sinaloa. Explicó entonces que buscaba facilitar las investigaciones de las autoridades mexicanas y evitar que el ejercicio de la gubernatura interfiriera con las diligencias.

Un día después, el Congreso de Sinaloa autorizó la licencia y nombró como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien venía desempeñándose como secretaria general de Gobierno.

El nombramiento de Bonilla fue aprobado con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y la funcionaria asumió la conducción temporal del Ejecutivo estatal mientras Rocha Moya permanecía separado del cargo.

Durante ese periodo, el gobernador con licencia sostuvo públicamente que renunciaba a refugiarse en las protecciones derivadas de su investidura y que comparecería como ciudadano ante las instituciones mexicanas.

Rocha Moya gobernará hasta octubre de 2027

Al anunciar su regreso, el mandatario afirmó que tiene la obligación de concluir el periodo constitucional para el cual fue elegido y recordó que su administración termina el 31 de octubre de 2027.

También refrendó su pertenencia al proyecto político de la Cuarta Transformación y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras reiteró que continuará defendiendo su honorabilidad y la de su familia.

La reincorporación de Rocha Moya cierra así 112 días de gobierno interino en Sinaloa, pero no resuelve por sí misma el frente judicial abierto a partir de las acusaciones estadounidenses.

Hasta ahora, el dato comprobable en México es que la FGR no había encontrado elementos suficientes para proceder bajo el estándar probatorio nacional y mantenía la investigación abierta. En Estados Unidos, en cambio, la acusación federal contra Rocha Moya y los otros señalados continúa formando parte del expediente del Distrito Sur de Nueva York.

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