La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó reservar hasta el año 2031 toda la información relacionada con los intercambios diplomáticos entre México y Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, decisión que se produce en medio de las investigaciones y señalamientos que involucran a ambos políticos con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Cancillería clasifica documentos relacionados con Rocha Moya e Inzunza
La resolución fue aprobada por el Comité de Transparencia de la SRE, el cual ordenó mantener bajo reserva durante cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones diplomáticas sostenidas con autoridades estadounidenses.
La clasificación incluye oficios, notas diplomáticas, correos electrónicos, minutas, informes y cualquier otro documento relacionado con el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y del senador de Morena, Enrique Inzunza.
De acuerdo con la dependencia federal, hacer pública esta información podría afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, comprometer la cooperación entre ambas naciones y generar impactos en la política exterior mexicana.
La decisión ocurre mientras continúan las versiones sobre solicitudes de extradición promovidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como diversos señalamientos que vinculan a ambos personajes con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que ellos han rechazado públicamente.
Persisten las investigaciones sin avances públicos
La reserva de la información se suma a más de 70 días sin que las autoridades federales informen avances sobre las investigaciones iniciadas después de que Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza acudieran a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) durante el mes de mayo.
Desde entonces, las autoridades no han difundido nuevos datos sobre el desarrollo de las indagatorias, mientras ambos han negado cualquier vínculo con actividades ilícitas.
En el caso del senador Enrique Inzunza, continúa desempeñando su cargo legislativo y conserva las prerrogativas correspondientes.
De acuerdo con la información disponible, el Senado mantiene el pago de su salario, cercano a 132 mil pesos mensuales, mediante la entrega de cheques, debido a que sus cuentas permanecen congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Asimismo, el legislador continúa participando de manera remota en los trabajos de distintas comisiones legislativas.
El caso genera presión política para el Gobierno federal
La controversia se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a la combinación de investigaciones internacionales, cuestionamientos políticos y demandas de transparencia.
Aunque la SRE confirmó la existencia de intercambios oficiales con autoridades estadounidenses, determinó impedir el acceso público a dichos documentos hasta 2031.
Mientras tanto, la FGR no ha informado avances visibles en la carpeta de investigación y la mayoría legislativa en el Congreso ha evitado discutir ampliamente el tema.
Por su parte, la oposición continúa solicitando mayor transparencia sobre el proceso y exige que las autoridades den a conocer el estado de las investigaciones.
Respecto al paradero de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que permanece en Culiacán, aunque indicó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República determinar su situación jurídica.
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