La empresa Territorium Life, encargada de aplicar el examen de admisión en línea de la UNAM, ha recibido durante los últimos años una importante cantidad de contratos públicos con universidades, organismos electorales e instituciones federales. De acuerdo con una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia, los convenios superan los 218 millones de pesos, lo que coloca a la firma entre los principales proveedores tecnológicos del sector educativo y gubernamental.
El caso ha cobrado relevancia luego de las críticas por la aplicación del examen virtual de ingreso a licenciatura de la UNAM, cuyo contrato fue otorgado mediante adjudicación directa por un monto que puede alcanzar los 101.7 millones de pesos.
Territorium Life recibió contratos de la UNAM, INE y el extinto CJF
La revisión de los contratos públicos muestra que Territorium Life ha trabajado con diversas instituciones del país. Entre ellas destacan el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como universidades públicas de distintos estados.
Entre las instituciones que contrataron sus servicios se encuentran la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Digital del Estado de México.
Además, la empresa firmó convenios con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y con instituciones de educación media superior de Nuevo León.
La UNAM adjudicó en marzo de este año el contrato para la aplicación del examen virtual de licenciatura por un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los acuerdos económicos más importantes celebrados por la empresa.
Por su parte, el entonces Consejo de la Judicatura Federal firmó durante 2024 tres contratos con un valor conjunto de 50.5 millones de pesos destinados a la supervisión de exámenes a distancia para concursos de oposición de la carrera judicial.
La UANL, por su parte, acumuló cerca de 12.7 millones de pesos en contratos desde 2021 relacionados con evaluaciones de ingreso para licenciatura.
Otros contratos fortalecen la presencia de Territorium Life
Los registros públicos muestran que la empresa también obtuvo diversos contratos con otras instituciones educativas y organismos públicos.
La Universidad Digital del Estado de México contrató en 2018 una plataforma tecnológica por 8.6 millones de pesos, mientras que el Colegio de Bachilleres de Nuevo León destinó más de 3.3 millones de pesos para la instalación, actualización y mantenimiento de su plataforma educativa virtual.
La Universidad Autónoma de Baja California pagó poco más de 2 millones de pesos para la aplicación de 20 mil exámenes en línea, mientras que el Instituto Electoral de la Ciudad de México destinó más de 2.5 millones de pesos para evaluar a supervisores y capacitadores electorales durante el proceso electoral de 2021.
Asimismo, el INE contrató en 2024 una plataforma tecnológica para el funcionamiento de su Centro Virtual por 914 mil pesos, mientras que la CEAV destinó casi 1.9 millones de pesos para programas de capacitación dirigidos a servidores públicos.
La UNAM justificó la adjudicación por experiencia y seguridad tecnológica
En el oficio SG/DGAE/0192/2026, la Dirección General de Administración Escolar explicó que la adjudicación directa se realizó debido a que Territorium Life era, según la universidad, la única empresa en México con experiencia comprobada para administrar más de 30 mil exámenes simultáneos y más de 100 mil evaluaciones diarias.
La universidad también argumentó que la compañía cuenta con infraestructura tecnológica, inteligencia artificial para supervisar evaluaciones, protocolos de seguridad para bancos de reactivos, protección de datos personales y mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información académica.
De acuerdo con el documento, la plataforma dispone de reportes en tiempo real, asociación tecnológica entre cada versión del examen y el aspirante correspondiente, además de una mesa especializada para validar o anular evaluaciones conforme a las políticas institucionales.
Sin embargo, la difusión de estos contratos ocurre en medio de cuestionamientos sobre la aplicación del examen virtual y el desempeño de la plataforma utilizada durante el proceso de admisión.
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