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SCJN analiza permitir demandas por daño moral contra telefónicas por SIM swapping en México


La SCJN analiza permitir demandas por daño moral contra telefónicas en México por casos de SIM swapping. El fallo podría sentar un precedente clave en derechos digitales.
Por Redacción | 7 Abril, 2026
Nacional
SCJN analiza permitir demandas por daño moral contra telefónicas por SIM swapping en México

 

Demandas por SIM swapping en México cobra relevancia ante un caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por discutir y que podría redefinir la relación entre usuarios y empresas de telecomunicaciones.

El proyecto, impulsado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propone que los usuarios puedan demandar por daño moral a las compañías telefónicas cuando exista negligencia en la protección de sus datos personales, especialmente en casos de fraude como el SIM swapping.

 

Un caso que expone vulnerabilidades digitales

El expediente que analiza la SCJN detalla cómo una usuaria perdió el control de su línea telefónica tras un duplicado de su tarjeta SIM realizado sin su consentimiento.

A partir de ese momento, ocurrieron varios hechos críticos:

  • Se registraron movimientos bancarios no autorizados
  • Cambiaron contraseñas de cuentas personales
  • Se difundieron imágenes íntimas desde sus perfiles

Posteriormente, se confirmó que un tercero solicitó un reemplazo de SIM en otro estado, lo que permitió el control total del número telefónico.

El documento judicial señala que la empresa telefónica entregó la nueva SIM sin aplicar protocolos sólidos de verificación de identidad, facilitando así el acceso indebido a información sensible.

 

El debate legal: responsabilidad de las empresas

La compañía argumentó que la usuaria asumió riesgos al vincular su número a múltiples plataformas digitales. Además, sostuvo que el duplicado se realizó con una identificación válida.

No obstante, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf rechaza estos argumentos. En cambio, establece que las empresas de telecomunicaciones tienen un deber reforzado de cuidado en el manejo de datos personales.

El documento subraya que:

  • Las concesionarias deben implementar mecanismos robustos de verificación
  • No pueden actuar con flexibilidad ante fraudes digitales
  • Deben prevenir riesgos derivados del uso del número telefónico como llave de acceso a servicios

Asimismo, el proyecto critica que la defensa de la empresa incurrió en posibles prácticas de revictimización al cuestionar a la afectada.

 

¿Qué cambiaría si la SCJN aprueba el proyecto?

Si al menos seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votan a favor, se establecería un precedente obligatorio en todo el país.

Esto implicaría que:

  • Los usuarios podrían demandar a empresas telefónicas por negligencia en protección de datos
  • Se reconocería el daño moral en casos de SIM swapping
  • Se obligaría a las compañías a reforzar sus protocolos de seguridad

El proyecto también plantea que la reparación del daño se cuantifique con perspectiva de género, lo que marcaría un avance en la protección de víctimas.

En consecuencia, el caso se considera de “interés y trascendencia”, ya que definirá estándares en materia de derechos digitales y responsabilidad empresarial en México.

 

SIM swapping: un fraude en aumento

El SIM swapping es una técnica de fraude que consiste en duplicar la tarjeta SIM de una víctima para tomar control de su número telefónico.

De acuerdo con Telefónica, este tipo de ataque permite:

  • Interceptar mensajes SMS
  • Obtener códigos de verificación
  • Acceder a cuentas bancarias y redes sociales

Por su parte, BBVA advierte que el principal riesgo radica en que muchos sistemas de seguridad dependen del número telefónico, lo que convierte a la SIM en una puerta de acceso a múltiples servicios digitales.

 

Una nueva etapa en la seguridad digital en México

Este caso representa un punto de inflexión. A medida que crece la dependencia tecnológica, también aumentan los riesgos asociados a la protección de datos personales.

Por ello, la posible decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría marcar el inicio de una nueva etapa en la regulación de la seguridad digital, donde las empresas asuman una mayor responsabilidad frente a los usuarios.

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