La anunciada reforma a la Ley General de Aguas 2025 encendió un conflicto entre el Gobierno federal, concesionarios y organizaciones campesinas. El lunes 24 de noviembre, productores agrícolas y transportistas realizaron bloqueos en carreteras y autopistas de distintas regiones del país, algunos por más de diez horas, lo que paralizó actividades económicas e incluso afectó a la Ciudad de México.

Las protestas, inicialmente enfocadas en exigir mayor seguridad en vialidades, sumaron nuevas demandas de último momento, como la revisión de los precios del campo y, especialmente, de la reforma hídrica impulsada por el Ejecutivo.

Sheinbaum defiende la iniciativa: “Queremos terminar con privilegios”

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que los manifestantes incluyeran exigencias adicionales en los bloqueos; sin embargo, defendió la iniciativa en su conferencia matutina del 25 de noviembre. La mandataria afirmó que la propuesta busca ordenar las concesiones, eliminar privilegios e impulsar el acceso equitativo al recurso hídrico, considerado un derecho humano.

Sheinbaum subrayó que el proyecto pretende “despojar al agua de su carácter mercantil” y garantizar su gestión bajo criterios sociales y ambientales.

¿Qué propone la reforma y por qué causa polémica?

La iniciativa contempla cambios tanto a la Ley de Aguas Nacionales como la creación de una nueva Ley General de Aguas, lo que generó preocupación entre empresarios y productores.

Entre los puntos más polémicos destacan:

• Prohibición de transferir concesiones entre particulares, lo que agricultores interpretan como una “expropiación de facto” al impedir heredar o vender derechos hídricos junto con la tierra.

• Eliminación de la cesión temporal de concesiones, lo que reduciría la certeza jurídica de productores y concesionarios.

• Creación del capítulo de “delitos hídricos”, conocido como huachicol de agua, con sanciones de hasta 10 años de prisión.

• Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, para reasignar volúmenes recuperados y evitar acaparamiento.

• Impulso a la reutilización de aguas residuales tratadas para agricultura y procesos industriales.

Desde el sector político, senadores del PAN como Mario Vázquez alertaron que la reforma podría “colapsar al campo” al debilitar la seguridad jurídica de las familias agrícolas.

Gobierno argumenta que la reforma combate malas prácticas

La administración federal sostiene que las modificaciones buscan frenar prácticas irregulares, como la venta ilegal de agua, la apropiación de volúmenes no autorizados o la concentración de concesiones en manos de pocos actores.

De acuerdo con las autoridades, el endurecimiento de sanciones y la planeación estratégica del uso del agua permitirán una distribución más justa, sostenible y transparente.

Monreal anticipa ajustes: el Congreso suavizará la parte más conflictiva

Debido a las fuertes tensiones, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el Congreso realizará enmiendas al régimen de transmisión de concesiones.

Monreal reconoció que los concesionarios temen perder derechos al heredar o vender propiedades asociadas a concesiones hídricas. Por ello, prometió ajustes que protejan la sucesión sin modificar las condiciones originales de volumen o tiempo.

En paralelo, Sheinbaum reiteró que el Gobierno está dispuesto a mantener ese apartado como está o hacer modificaciones mínimas para tranquilizar al sector campesino, manteniendo siempre la disposición al diálogo.

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