Los robos al transporte de carga en México mantienen cifras críticas. Aunque los registros oficiales indican una disminución sostenida desde 2019, los operadores enfrentan niveles de violencia cada vez más altos en rutas federales.
Testimonios de conductores y datos de plataformas privadas confirman que la delincuencia organizada domina amplias zonas carreteras del país.
Crisis de seguridad: entre cifras oficiales y denuncias del sector
En México se cometen 19 robos diarios al transporte en promedio, y 82% involucran violencia, según datos oficiales y la plataforma Overhaul. Sin embargo, la ANTAC advierte un panorama mucho más grave: entre 50 y 60 unidades de carga son asaltadas cada día, lo que equivale a un ataque cada 47 minutos.
Entre 2019 y 2024 los robos bajaron 31.5%, al pasar de 11,662 a 7,978 casos. Aun así, solo de enero a octubre de 2025 se denunciaron 5,204 robos, lo que sostiene el promedio de 19 atracos diarios.

Transportistas y agricultores bloquean carreteras
La presión por mayor seguridad llegó a su punto más alto este lunes, cuando transportistas y agricultores instalaron bloqueos en rutas estratégicas del país. Los productores del campo denunciaron que la delincuencia perjudica especialmente al sector alimentario, mientras que los operadores exigieron acciones federales ante el aumento de ataques violentos.
Productos más robados en 2025
Según Overhaul, en el tercer trimestre de 2025 destacan tres tipos de mercancías:
Alimentos y bebidas (25%)
Autopartes (12%)
Artículos misceláneos (10%)
La plataforma indica que la modalidad más frecuente es la intercepción de unidades en movimiento, que representa 65.4% de los casos. En estos ataques, grupos armados rodean al vehículo, lo obligan a detenerse y despojan al conductor sin que exista protección efectiva.
El robo a unidades estacionadas representa 34.1% y ocurre principalmente en cachimbas, zonas vulnerables del sistema carretero asociadas a actividades delictivas.

Regiones más afectadas por el robo de carga
El cuarto cuadrante del país, que comprende regiones del centro y sureste, concentró 79.3% de los robos en el tercer trimestre. Diez entidades acumularon 87% de los casos. Entre ellas destacaron:
Puebla: 23%
Estado de México: 18%
Otros estados registraron incrementos relevantes:
Michoacán (+4%)
Veracruz (+3%)
Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Nuevo León (+1%)
Solo Jalisco e Hidalgo mostraron ligera disminución frente a 2024.

“Nos dejan solos”: los testimonios de operadores
Durante los bloqueos, Gabriel Sánchez, operador con más de 30 años en carreteras, relató que la violencia crece sin freno. Explicó que zonas como el Arco Norte, Puebla, Celaya y Guanajuato se han vuelto puntos críticos.
“He visto cómo balean camiones, cómo despojan a mis compañeros y no llega ninguna autoridad”, lamentó. Contó que ha enfrentado tres intentos de asalto, en los que los delincuentes le cerraron el paso o simularon accidentes para obligarlo a detenerse.
“Era su vida o la mía. He tenido que aventar el camión para salvarme. Si ellos vienen con todo, uno también”, narró sobre un ataque en carretera.
Operadores desaparecidos y empresas que se deslindan
Sánchez denunció que muchas empresas priorizan las mercancías por encima de la vida de los operadores. Compartió casos de compañeros que desaparecieron durante un atraco, cuyos cuerpos fueron hallados días después en hechos de violencia extrema.
“Las empresas solo recuperan el camión; del operador no se hacen responsables”, afirmó.
Zonas críticas: Arco Norte, Celaya y Guanajuato
Los operadores reconocen que estas rutas concentran la presencia más intensa del crimen organizado. Grupos delictivos interceptan camiones, levantan a los conductores y en ocasiones los liberan horas después, aunque también existen casos donde las víctimas no regresan.

Transportistas piden intervención urgente
Aunque las cifras gubernamentales muestran una reducción, los testimonios describen un escenario más violento y extendido. Para miles de operadores, “ser transportista se ha convertido en sinónimo de ser presa del crimen organizado”.
La exigencia es clara: una intervención federal inmediata que reduzca los riesgos y devuelva seguridad a las carreteras del país.
Con información de La Razón
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