Con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Aduanera, con el objetivo de modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión fiscal, en un contexto marcado por el escándalo del huachicol fiscal.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla mecanismos de control y vigilancia digital para los recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.
Huachicol fiscal: un impacto millonario
La aprobación ocurre en medio del combate al huachicol fiscal, un fenómeno que ha generado un impacto superior a 600 mil millones de pesos a la hacienda pública, según la procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda, Grisel Galeano García, quien informó a los diputados sobre la magnitud del problema.
Cambios más relevantes de la reforma
Patentes de agente aduanal: vigencia de 20 años con obligación de certificarse cada tres años.
Creación del Consejo Aduanero, presidido por la titular de la SHCP, encargado de otorgar, suspender, cancelar e inhabilitar patentes y agencias aduanales.
Simplificación para empresas de mensajería y paquetería que realizan despacho aduanero.
Endurecimiento de sanciones para recintos fiscalizados estratégicos que permitan salida de mercancías sin cumplir requisitos legales.
Fortalecimiento institucional y nuevas facultades
La reforma modifica las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del SAT, permitiéndoles celebrar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Otras medidas incluyen:
Actualización del régimen de depósito fiscal en almacenes generales.
Extensión del régimen de recinto fiscalizado estratégico a programas de diferimiento de aranceles.
Mayor vigilancia internacional de mercancías provenientes de países fuera de tratados de libre comercio.
Contribuyentes con cancelación en el Esquema de Certificación de Empresas (OEA) no podrán recertificarse hasta cinco años después, y nunca si la cancelación fue por delitos fiscales.
Modernización administrativa y precisiones legales
Cambio de denominaciones: de “Empresas Productivas del Estado” a “Empresas Públicas del Estado”, y del SAE al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Introducción de pedimentos electrónicos, cuentas aduaneras en garantía y revisión en origen.
Vigencia de patentes y autorizaciones existentes será de 20 años, prorrogables bajo aprobación del Consejo Aduanero.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), informó que se presentaron propuestas de modificación a más de 80 artículos y ocho transitorios para discusión en lo particular.
Con información de UnoTV
*BC
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