La presidente Claudia Sheinbaum respaldó la modificación a la ley impulsada por el gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, que autorizó la expropiación de terrenos ligados a Alejandro Moreno, exgobernador de la entidad y actual senador del PRI.

En conferencia de prensa este miércoles 1 de octubre, Sheinbaum señaló que la medida responde a presuntas irregularidades en la adquisición de dichos inmuebles. “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas por lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”, afirmó.

Terrenos involucrados y destino de la expropiación

El gobierno de Campeche declaró la expropiación de cuatro terrenos bajo la figura de “causas de utilidad”, argumentando que serán destinados a la construcción de un plantel de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.

Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, tres de estos predios estarían ligados a ‘Alito’ Moreno: uno registrado a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y dos más pertenecientes al arquitecto de cabecera del priista, Juan José Salazar.

Reforma federal para facilitar la extinción de dominio

Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal prepara una reforma para agilizar la extinción de dominio en casos de recursos de procedencia ilícita o malversación de recursos públicos.

“Se está trabando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en caso de delincuencia organizada…”, comentó. Agregó que si se comprueba que un inmueble fue adquirido con dinero de procedencia ilícita, debe poder retirarse y usarse para obras públicas.

La presidenta subrayó que esta modificación permitirá que inmuebles ligados a corrupción sean destinados a beneficio social, tal como lo argumenta Campeche en este caso.

Respuesta de Alejandro ‘Alito’ Moreno

El senador Alejandro Moreno confirmó que un terreno expropiado pertenece a su madre, sin referirse a las propiedades vinculadas al arquitecto Salazar. Aseguró haber obtenido el “no ejercicio de acción penal” en procedimientos legales previos, luego de siete años de lo que calificó como una persecución política.

“Esta ley que mandaron es una ley anticonstitucional y es para expropiar porque públicamente la gobernadora del estado dice, ‘como nos ganó todo y no tenemos nada, ahora vamos a ver cómo le quitamos propiedades’”, expresó en entrevista con Azucena Uresti. Moreno adelantó que recurrirá a instancias legales para impugnar la medida.

Contexto político y judicial

Este caso se suma a la creciente tensión política entre gobiernos estatales y federales, y plantea un debate sobre la aplicación de leyes de extinción de dominio, la protección de derechos de propiedad y la lucha contra la corrupción en México.

La modificación legal en Campeche abre un precedente para futuros casos de expropiación, en especial aquellos ligados a acusaciones de malversación y corrupción, e involucra un marco legal que podría impactar a otras entidades del país.

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