La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el lunes 29 de septiembre enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas.

El objetivo es frenar el acaparamiento del recurso, combatir el robo de agua y regular la venta ilegal entre privados. La iniciativa se enmarca en el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua Federal, según informó en la “mañanera del pueblo”.

Acciones clave de la estrategia

La propuesta contempla medidas para ordenar y transparentar el uso del agua en México:

• Creación de un Registro Nacional de Aguas público.

• Inspecciones en todo el país.

• Revisión de títulos de concesión.

• Implementación de una ventanilla única digital para simplificar trámites.

Sheinbaum destacó que, a diferencia de intentos previos, esta reforma no elimina la Ley de Aguas Nacionales, sino que la fortalece al eliminar la mercantilización del recurso. “Agua que no se usa, agua que regresa a la Conagua, al Estado mexicano, como agua nacional”, puntualizó.

Combatir el mercado negro del agua

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la iniciativa busca terminar con el esquema de transmisiones entre particulares que ha permitido un mercado negro del agua en diversas regiones.

Actualmente, los concesionarios pueden vender sus títulos de una persona a otra notificando únicamente a la autoridad. Esta práctica, junto con el sobreconcesionamiento, ha provocado escasez en varias zonas del país.

La reforma propone que el agua no utilizada regrese al dominio de la nación y que sea el Estado el que defina la viabilidad de nuevas concesiones.

Nuevo catálogo de delitos hídricos

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un capítulo de delitos hídricos que contempla:

• Incremento de multas y sanciones.

• Aplicación de la extinción de dominio en ciertos casos.

• Endurecimiento de penas para quienes extraigan y comercialicen agua ilegalmente.

Según Morales López, hasta ahora se han recibido 1,100 denuncias por malas prácticas en el uso del agua, principalmente en las regiones Centro, Bajío y Norte, donde la presión hídrica es mayor.

Los actos más frecuentes son el acaparamiento, con concesionarios que poseen hasta cinco títulos, y la venta ilegal mediante pipas tras la perforación de pozos privados.

Un recurso que deja de ser mercancía

La iniciativa enfatiza que el agua debe ser considerada un bien nacional y no una mercancía. “Es un recurso escaso en la mayoría del país, por lo que debemos garantizar su acceso de forma justa”, señaló el titular de Conagua.

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