La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de limitar la suspensión de actos reclamados y garantizar que el amparo se use para proteger intereses legítimos y colectivos.
La reforma busca añadir al artículo 5 de la Ley de Amparo una definición clara del concepto de interés legítimo, basada en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según el documento, esto permitirá que el amparo defienda derechos colectivos o difusos, como el derecho al medio ambiente, evitando su uso abusivo para impugnar normas de manera general.
Limitación en la suspensión del acto reclamado
La iniciativa propone que los jueces evalúen cuidadosamente cada caso antes de conceder la suspensión del acto reclamado, una medida cautelar que detiene temporalmente actos de autoridad mientras se resuelve el juicio de amparo.
Entre las restricciones destacan:
No otorgar suspensiones para actividades que requieren permisos revocados o inexistentes.
Prohibir suspensiones que permitan actividades relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o que obstaculicen la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Garantizar recursos para salarios, alimentos y obligaciones fiscales o hipotecarias mientras se resuelve el juicio.
La reforma establece que la suspensión definitiva solo procederá si la licitud de los recursos está acreditada. Además, confirma que en delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo protege la libertad personal del imputado, sin frenar el proceso penal.
Plazos y limitación de dilaciones
Para combatir la lentitud judicial, la iniciativa propone:
Plazos de 5 días para notificar la admisión de recursos de revisión o amparos directos.
Plazo máximo de 60 días para dictar sentencias fuera de la audiencia constitucional.
Limitación a recusaciones improcedentes o dilatorias.
Restricciones para ampliar plazos de pruebas o de demanda para evitar retrasos artificiales.
La iniciativa contempla la posibilidad de realizar promociones y actuaciones jurídicas por vía electrónica, priorizando notificaciones digitales y estableciendo plazos transitorios de hasta 360 días para que el Órgano de Administración Judicial se adapte al sistema digital.
Imposibilidad para cumplir sentencias
El proyecto permite que las autoridades puedan demostrar imposibilidad material o jurídica para cumplir sentencias. Si se acredita, quedan eximidas de multas o responsabilidades penales. Además, las sanciones se impondrían al organismo y no al funcionario a título personal.
Juicios de contribuyentes improcedentes
La reforma declara improcedentes ciertos medios de defensa en materia fiscal:
Recurso de revocación ante el SAT.
Juicio Contencioso Administrativo contra actos que ya generaron créditos fiscales firmes.
El objetivo es evitar litigios dilatorios que retrasan pagos de deudas fiscales consolidadas, mejorando la eficiencia recaudatoria. Sin embargo, el amparo seguirá procediendo contra actos finales del cobro coactivo, como la convocatoria de bienes embargados.
¿Qué propone la reforma a la Ley de Amparo?
Con la propuesta de reforma, esas suspensiones dejarían de ser generales y sólo beneficiarían a la persona que promovió el recurso.
En la práctica, esto significaría que los bloqueos de cuentas por parte de la UIF no podrían levantarse para todos, sino únicamente en casos particulares.
El proyecto establece que, en bloqueos de cuentas, se deben garantizar recursos para:
- Pago de salarios
- Obligaciones alimentarias
- Créditos hipotecarios de vivienda
- Subsistencia de la persona titular y sus dependientes
- Solo se autorizaría el uso de fondos cuya licitud sea comprobada
El gobierno de México afirma que, de aprobarse esta iniciativa, se evitará que un solo juez frene medidas de interés público en temas como seguridad nacional, seguridad pública, obras estratégicas o manejo de recursos financieros.
15 puntos clave de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo
- Objeto de la reforma: Limitar los efectos del amparo para que las resoluciones solo beneficien al quejoso y no puedan suspender la aplicación de normas de carácter general para todos.
- No suspensión general: Se prohíbe que los jueces otorguen suspensiones con efectos generales contra leyes, decretos o disposiciones normativas.
- Amparo individualizado: El amparo debe proteger únicamente al quejoso, sin extender beneficios a terceros no quejosos.
- Restricción a jueces: Los jueces y tribunales federales ya no podrán dictar medidas cautelares que paralicen la aplicación de leyes o reformas.
- Suprema Corte: Mantiene la facultad de analizar la constitucionalidad de normas generales, pero a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias, no de amparo.
- Seguridad jurídica: Se busca que el amparo preserve los derechos individuales sin afectar la validez ni vigencia general de las normas.
- Rechazo a amparos colectivos: Limita la figura del amparo colectivo cuando sus efectos busquen impactar en normas de interés público.
- Equilibrio de poderes: Argumenta que la actual práctica de suspensiones generales afecta la división de poderes, ya que un juez puede frenar decisiones del Congreso.
- Suspensión solo para el caso: La suspensión otorgada en amparo solo surtirá efectos en el caso específico del solicitante, no sobre la norma de manera general.
- Efectos inmediatos: Se establece que, aun cuando se otorgue suspensión, la ley, decreto o disposición seguirá vigente y obligatoria para la sociedad en general.
- Carácter constitucional: La iniciativa se fundamenta en el artículo 107 de la Constitución, que regula el juicio de amparo.
- Motivación política; La reforma surge ante amparos que han frenado reformas y programas del Ejecutivo, como en materia energética o electoral.
- Celeridad procesal: Se busca evitar dilaciones en la aplicación de leyes aprobadas democráticamente por el Congreso.
- Protección sin obstaculizar: El discurso central es que el amparo debe proteger derechos humanos sin convertirse en herramienta de bloqueo de políticas públicas.
- Impacto esperado: Fortalecer la certeza jurídica de las leyes aprobadas y restringir el margen de acción del Poder Judicial frente a decisiones legislativas.
Con información de Animal Político y Once Noticias
*BC
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