En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde hace casi dos décadas por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
La sentencia, promovida por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, desmonta uno de los casos más polémicos de la justicia mexicana, al concluir que la acusación se basó en confesiones obtenidas bajo tortura y pruebas fabricadas.
Caso Wallace: un montaje impulsado desde el poder
El expediente que mantuvo a Juana Hilda en prisión por casi 20 años —con una condena de más de 70— fue producto de un montaje, según el fallo aprobado por mayoría en la Primera Sala de la SCJN.
La resolución concluye que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con la participación de funcionarios de distintos niveles, construyó el caso sin pruebas válidas y recurriendo a intimidación, tortura y amenazas.
La decisión de la Corte llega en un momento clave, ya que en septiembre entrará en vigor una nueva integración del máximo tribunal, tras las elecciones que definieron por voto popular a sus próximos integrantes.
El núcleo de la resolución señala que la confesión de Juana Hilda —utilizada como prueba principal en su contra— fue arrancada mediante tortura.
La acusada denunció haber sido amenazada con daño físico a su madre, hija y hermano por parte de agentes del Ministerio Público. Durante su detención en 2006, fue presionada en instalaciones de la PGR sin presencia de defensa legal.
Aunque inicialmente negó los cargos, más tarde “confesó” bajo coerción que participó en el secuestro y muerte de Wallace. La versión oficial relató un asesinato brutal, descuartizamiento del cuerpo y simulación de vida para exigir rescate. No obstante, la Corte desestima esta confesión por haberse obtenido en violación a derechos fundamentales.
Pruebas sembradas y omisiones graves
La sentencia detalla cómo, tras cateos iniciales sin resultados, la Procuraduría encontró de forma inexplicable una gota de sangre de Hugo Wallace en la bañera del domicilio de González, además de una licencia de conducir. Estas supuestas pruebas aparecieron sólo después de que la detenida fuera torturada, lo que genera dudas sobre su autenticidad.
Tampoco se investigaron a fondo las denuncias de tortura. Las instancias judiciales que conocieron el caso anteriormente dieron pleno valor a confesiones obtenidas ilegalmente, ignorando tratados internacionales y normas nacionales que prohíben el uso de pruebas obtenidas bajo coacción.
Previo a la votación, la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, intentó posponer la resolución argumentando que el ambiente postelectoral no era el adecuado para resolver el asunto. Incluso solicitó inhabilitar al ministro ponente por presunta filtración del proyecto a la prensa. Sin embargo, los ministros desecharon los argumentos de la FGR y aprobaron el proyecto con cuatro votos a favor y uno en contra.
Un giro en la historia judicial mexicana
La liberación de Juana Hilda González representa un hito en la lucha contra la fabricación de culpables y un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos. Su caso se suma al de otros coacusados como Brenda Quevedo, también señalada como víctima de tortura dentro del entramado del caso Wallace.
El fallo no sólo deja al descubierto los abusos sistemáticos de la antigua PGR, sino también la responsabilidad directa de Isabel Miranda de Wallace, recientemente fallecida en circunstancias poco claras, en la construcción del caso. La resolución ha sido vista como un acto de justicia tardía, pero necesaria.
¿Quién es Juana Hilda González Lomelí?
Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 por la entonces Procuraduría General de Justicia, acusada de participar en el secuestro cometido un año antes. En 2011, fue sentenciada a 78 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
La defensa de González Lomelí sostuvo que el alto perfil mediático del caso Wallace influyó negativamente en el proceso judicial. Su imagen fue exhibida en medios de comunicación y anuncios espectaculares, presentándola como culpable desde antes del juicio.
Diversas organizaciones y medios, como The Washington Post, han documentado cómo la estigmatización por género y clase social afectó a González Lomelí, quien era bailarina del grupo Clímax y madre de dos hijos.
Con información de El País
*BC
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