NUEVA YORK, EE. UU. — La defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, solicitó a la Corte del Distrito Este de Nueva York un nuevo plazo de 60 días para buscar alternativas legales que le permitan evitar la pena de muerte en Estados Unidos. Este recurso judicial ha provocado el aplazamiento de la audiencia programada para el 16 de junio, sin que se haya fijado aún una nueva fecha.
El aplazamiento fue avalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y tiene como justificación la revisión de nuevas evidencias y la exploración de una “posible salida externa” en el proceso legal que enfrenta el narcotraficante mexicano, quien ha estado en el centro de uno de los juicios más complejos sobre narcotráfico y crimen organizado transnacional.
Zambada acusa "secuestro transfronterizo" y exige su repatriación
En una carta de 33 páginas entregada el pasado 20 de febrero al Consulado de México en Nueva York, Zambada exigió su repatriación inmediata a México, argumentando que su traslado a territorio estadounidense se realizó bajo condiciones ilegales que violaron el debido proceso, la soberanía nacional mexicana y diversos tratados internacionales.
“Negar mi solicitud de repatriación (…) tendría como consecuencia aceptar la subordinación al gobierno norteamericano”, escribió Zambada, alertando además que el caso podría sentar un precedente peligroso para la política exterior mexicana.
El exlíder criminal también advirtió que, si el gobierno mexicano no actúa, su caso podría convertirse en un punto de quiebre diplomático, capaz de provocar un “colapso en la relación bilateral” entre México y Estados Unidos, especialmente tras la reciente designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de autoridades estadounidenses.
Defensa legal invoca tratados internacionales y derechos humanos
El abogado Frank Pérez, quien encabeza la defensa legal de Zambada, sustentó la solicitud en el Artículo 36 de la Convención de Viena, así como en tratados de derechos humanos internacionales y la Constitución mexicana. Según el equipo defensor, la captura del narcotraficante se realizó sin autorización judicial ni consular, y mediante engaños, lo que la convierte en un acto de “detención ilegal”.
En el mismo escrito dirigido a las autoridades mexicanas, Zambada solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) sea notificada de su caso, señalando la existencia de una supuesta carpeta de investigación en la que figura como víctima del traslado forzado.
Claudia Sheinbaum responde: “Estamos revisando el tema”
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó haber recibido el documento y explicó que el gobierno está analizando la situación desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos.
“No se trata de defender a una persona, sino de revisar si hubo una violación al debido proceso y si hay implicaciones para la soberanía nacional”, declaró Sheinbaum.
Esta declaración llega en un momento delicado en la relación México–Estados Unidos, marcada por el control fronterizo, el tráfico de fentanilo y la cooperación en seguridad, temas en los que la figura de Zambada podría tener implicaciones políticas y diplomáticas de gran alcance.
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