Un nuevo episodio de tensión política en México se desarrolla con la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La iniciativa plantea la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiere sus funciones a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo.
El Ejecutivo retoma el control del espectro radioeléctrico con nueva agencia
Este organismo tendría la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, supervisar su uso, sancionar a concesionarios e incluso revocar permisos. Aunque especialistas como Gabriel Sosa Plata aseguran que los criterios para cancelar una concesión no cambian sustancialmente respecto a la ley vigente, la oposición política y concesionarios como Televisa y TV Azteca ven un riesgo de centralización excesiva del poder y posible uso discrecional.
El detonante de esta propuesta fue la transmisión de una campaña antiinmigrante de Donald Trump en canales de televisión abierta mexicana, lo cual provocó indignación por la falta de regulación en contenidos propagandísticos extranjeros.
Preocupación por posible bloqueo a redes sociales y plataformas digitales
Uno de los artículos más polémicos del proyecto es el 109, que permite a la ATDT “bloquear temporalmente” plataformas digitales si incumplen normativas no especificadas. Aunque Sheinbaum ha pedido modificar su redacción, aclarando que solo se aplicaría en casos de seguridad nacional o evasión fiscal, el documento no aclara criterios ni mecanismos concretos, lo que genera sospechas sobre su posible uso para censura de internet.
La reacción de la oposición ha sido contundente. Legisladores del PAN, PRI, MC y PRD han señalado que el Gobierno busca controlar no solo la radiodifusión, sino también redes sociales, servicios de mensajería y plataformas de streaming como YouTube, Netflix, WhatsApp o Telegram. Ricardo Anaya advirtió que el Ejecutivo pretende “controlar la narrativa pública, como lo hacen los regímenes autoritarios”.
También figuras externas como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, han denunciado la reforma como un intento de imponer un “gobierno controlador”, acusando a Sheinbaum de querer callar voces críticas. En contraste, el senador oficialista Javier Corral pidió “abrir un periodo de análisis” y evitar una aprobación apresurada.
A pesar de las críticas, algunos analistas sostienen que limitar el poder de los concesionarios y reforzar la regulación estatal del espectro digital y mediático en México podría ser un contrapeso necesario frente al dominio histórico de los grandes grupos de comunicación.
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