El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones en el Pacífico oriental y que seis personas murieron en esos incidentes. Hegseth publicó el anuncio en X, donde además atribuyó las órdenes al presidente Donald Trump y afirmó que las naves “transportaban narcóticos”. 

Según comunicados y recuentos periodísticos, los nuevos ataques elevaron el total de fallecidos en la llamada ofensiva marítima a alrededor de 76 personas desde que Washington comenzó estas operaciones en aguas internacionales. 

La narrativa oficial: narcotráfico y “narco-terrorismo”

La Casa Blanca y el Pentágono han presentado la campaña como una respuesta directa al contrabando de drogas en rutas marítimas del Caribe y el Pacífico. Hegseth señaló que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas con organizaciones designadas como terroristas y circulaban por “rutas conocidas de narcotráfico”; el funcionario difundió además videos no clasificados de los impactos. 

Despliegue militar y señales de escalada regional

La ofensiva se acompaña de un reforzamiento naval: en octubre el Gobierno estadounidense movilizó al portaviones USS Gerald R. Ford hacia la región del Caribe y expandió la presencia de buques y unidades de Marines, un movimiento que analistas interpretan como preparación para posibles operaciones de mayor alcance. 

Críticas internacionales y legales

Los ataques, ejecutados sin procedimientos judiciales ni una declaración formal de guerra, han causado condenas y inquietud internacional. Naciones y organismos —incluido el sistema de derechos humanos de la ONU— han expresado que las operaciones podrían constituir violaciones de derechos humanos o ejecuciones extrajudiciales si no se presentan pruebas públicas y garantías procesales. 

En el plano interno, legisladores de ambos partidos en el Congreso han exigido mayor transparencia sobre la justificación legal y las reglas de enfrentamiento. Diversos senadores han calificado las acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y reclamaron información sobre los criterios que transforman a presuntos narcotraficantes en blancos militares. 

Reacciones en la región y riesgo político

Gobiernos de países de la zona —entre ellos Colombia y Venezuela— denunciaron los ataques y, en algunos casos, dijeron que muchas embarcaciones afectadas procedían o tenían conexiones en sus territorios. Familias de víctimas han negado implicación en el contrabando en casos ya reportados, lo que alimenta la controversia sobre inteligencia y verificación previa a los ataques. 

Analistas advierten que la combinación de bombardeos marítimos, maniobras navales (incluido el desplazamiento del Ford) y ejercicios conjuntos con países del Caribe podría actuar como un ensayo táctico previo a operaciones contra objetivos en tierra —particularmente en Venezuela— o como presión política para forzar cambios en el régimen de Nicolás Maduro. 

Qué señalan los críticos de derechos humanos y expertos legales

Organizaciones de derechos humanos y juristas sostienen que, aunque el tráfico de drogas es un delito grave, el empleo de fuerza letal sin captura, juicio o evidencia pública abre un debate sobre la delimitación entre crimen y guerra y sobre la legalidad de designar a ciertos grupos como “narco-terroristas” para justificar ataques militares en aguas internacionales.

*OCR