La promesa de un bono de 2.000 dólares para la mayoría de los estadounidenses se ha convertido en el nuevo eje del discurso económico de Donald Trump, quien asegura que el dinero provendría directamente de los ingresos por aranceles. Su propuesta llega mientras el Gobierno de Estados Unidos cumple más de 40 días cerrado por la falta de acuerdos en el Congreso.
Trump presenta su plan económico en Truth Social
Desde su plataforma Truth Social, Trump afirmó que cada ciudadano —exceptuando a quienes perciben los ingresos más altos— recibiría un dividendo mínimo de 2.000 dólares gracias a los aranceles que, según él, han fortalecido la economía nacional.
El expresidente aseguró que Estados Unidos “es ahora el país más rico y respetado del mundo”, con baja inflación, récord en el mercado de valores y aumento de inversiones. Además, subrayó que los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto” y que la recaudación arancelaria permitirá incluso reducir la deuda nacional.
“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos!”, escribió Trump, insistiendo en que la política comercial puede convertirse en un beneficio tangible para los ciudadanos.
Dudas legales sobre los aranceles presidenciales
La propuesta del expresidente se enfrenta a un obstáculo jurídico. Días antes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó dudas sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el Ejecutivo sin la aprobación del Congreso.
El debate gira en torno a la ley de poderes económicos en emergencias internacionales, que podría o no otorgar al presidente la autoridad para aplicar gravámenes sin aval legislativo.
Trump criticó la posición del Supremo y sostuvo que “el presidente tiene permiso para detener todo el comercio con un país extranjero, pero no para imponer un simple arancel, ni siquiera por motivos de seguridad nacional”.
“¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”, escribió en defensa de su facultad presidencial.
Contexto político: cierre del Gobierno y lucha por Obamacare
El cierre del Gobierno federal, que ya alcanza 40 días, ha exacerbado la tensión entre republicanos y demócratas. Trump insiste en redirigir fondos públicos directamente a los ciudadanos, en lugar de mantener los subsidios al sistema de salud Obamacare, que considera un esquema “corrupto” que favorece a las aseguradoras.
“¡Basta de dinero para las compañías de seguros apoyadas por los demócratas! ¡Ese dinero debe ir ahora directamente a la gente!”, publicó el exmandatario.
El estancamiento legislativo afecta servicios esenciales, desde retrasos en vuelos hasta la reducción del programa de cupones de alimentos, del cual dependen 40 millones de estadounidenses.
Mientras tanto, los demócratas condicionan la extensión de los subsidios al programa Obamacare a la reapertura de la administración federal. Para cualquier acuerdo, los republicanos necesitan 60 votos en el Senado, por lo que el diálogo sigue bloqueado.
Entre la economía y la confrontación política
El plan de bono arancelario se suma a una serie de estrategias de Trump para reforzar su narrativa de éxito económico y presentarse como defensor del ciudadano común frente al “establishment de Washington”.
Sin embargo, su propuesta enfrenta cuestionamientos legales y fiscales, además de la resistencia de la oposición que exige priorizar la reapertura del Gobierno antes de discutir nuevos desembolsos.
Con un clima político cada vez más polarizado y un país dividido por el cierre federal, Trump busca reconstruir su imagen de líder económico mientras reta al Congreso y a la Corte Suprema a validar su visión de un Estados Unidos autosuficiente y próspero gracias a los aranceles.
Con información de Infobae
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