El Pentágono lanzó en menos de 24 horas dos ataques militares en el océano Pacífico, en aguas internacionales próximas a Colombia. Las operaciones dejaron cinco muertos y fueron presentadas como parte de la lucha antidrogas de la Casa Blanca, aunque sin ofrecer pruebas sobre la supuesta carga ilícita.
Los hechos amplían una ofensiva que comenzó el 2 de septiembre en el mar Caribe, donde se han registrado ya nueve bombardeos y al menos 37 ejecuciones extrajudiciales, según fuentes regionales.
Escalada de ataques y cifras preocupantes
En apenas seis semanas, las fuerzas estadounidenses han realizado nueve ataques contra embarcaciones que, según sus informes, transportaban drogas hacia América del Norte. Siete de ellos ocurrieron frente a las costas de Venezuela, mientras que los dos más recientes se ejecutaron cerca de aguas colombianas.
El primer ataque se produjo la noche del martes y el segundo al final del día siguiente, ambos en una zona que el Pentágono calificó de “paso estratégico del narcotráfico”. Las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa muestran una lancha con paquetes marrones que explota segundos después de ser alcanzada por misiles.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó que el segundo bombardeo “mató a tres personas a bordo”, y confirmó que las embarcaciones no pertenecían a ninguna fuerza oficial. Una fuente militar colombiana aseguró que los hechos ocurrieron “fuera de la plataforma marítima del país” y que Bogotá no fue notificada de las operaciones.
Tensión diplomática y acusaciones cruzadas
El presidente Donald Trump aprovechó los ataques para lanzar una ofensiva verbal contra su par colombiano Gustavo Petro, a quien llamó “matón” y “mal tipo”, acusándolo de fabricar drogas y de permitir la expansión del narcotráfico. Además, anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia y la revocación de la visa estadounidense del mandatario.
“Colombia cultiva todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran a Estados Unidos generalmente pasan por México”, declaró Trump desde la Casa Blanca. “Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”.
Las declaraciones agudizan una crisis sin precedentes en las relaciones bilaterales. En otra época, Bogotá y Washington fueron aliados clave en la guerra contra las drogas, con cooperación militar y financiera. Hoy, el vínculo atraviesa su peor momento en décadas.
Petro responde y defiende la soberanía colombiana
Desde Bogotá, Gustavo Petro respondió que defenderá su honor “en la justicia estadounidense” frente a las calumnias lanzadas por altos funcionarios del gobierno de Trump. “Cuando la sociedad estadounidense requiera nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, afirmó.
El mandatario también advirtió que está “al borde de ser juzgado como narcotraficante por el señor Trump y sus jueces”, y reiteró su rechazo a lo que calificó de “genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.
En medios locales, Petro insistió en que su gobierno no permitirá operaciones militares extranjeras sin autorización. “Ninguna embarcación colombiana fue identificada entre las atacadas. Los bombardeos en aguas internacionales no justifican la pérdida de vidas humanas”, sostuvo el mandatario.
Una guerra con ecos del pasado
Los bombardeos del Pentágono evocan estrategias aplicadas durante la década de los noventa, cuando Washington impulsó el Plan Colombia como eje de su política antidrogas regional. Sin embargo, a diferencia de aquella época, la actual campaña carece de coordinación diplomática.
Trump ha justificado las operaciones bajo el argumento de que “cada vez que esto sucede estás salvando 25 mil vidas estadounidenses”, en referencia a la crisis de sobredosis que afecta a su país. Pero analistas cuestionan que estas cifras carecen de respaldo verificable y que los ataques, lejos de frenar el tráfico, podrían incrementar la violencia marítima y los abusos en alta mar.
Washington endurece su retórica
El secretario de Estado Marco Rubio se sumó a la ofensiva verbal. Aseguró que “el ejército y la policía colombianos siguen siendo muy proestadounidenses”, pero calificó a Petro de “lunático”. “El tipo es un lunático, ¡un lunático!”, dijo ante medios conservadores.
Mientras tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comparó a los presuntos narcotraficantes muertos en el mar con los responsables del 11 de septiembre de 2001. “Así como Al Qaeda libró una guerra en nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra en nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, sólo justicia”, sentenció.
Críticas internacionales y posibles violaciones al derecho internacional
Juristas y expertos en seguridad marítima han comenzado a cuestionar la legalidad de las operaciones estadounidenses. Las normas internacionales establecen que los Estados deben coordinar cualquier acción armada en aguas internacionales si existe riesgo de violar la soberanía de un país vecino.
De acuerdo con observadores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ejecución de ataques letales sin juicios previos ni pruebas transparentes podría constituir una forma de ejecución extrajudicial. En particular, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado que se investiguen los hechos y se determinen las nacionalidades de las víctimas.
“Sin información verificable sobre los ocupantes de las embarcaciones ni evidencias de narcotráfico, los ataques pueden ser considerados fuera del marco legal internacional”, explicó un analista consultado por el medio RT.
Colombia busca desescalar la tensión
Antes del segundo bombardeo, Petro había intentado reducir la tensión con Washington. El lunes se reunió en Bogotá con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos, y le presentó tres propuestas para fortalecer el programa de erradicación de cultivos ilícitos. Sin embargo, tras los ataques, ese diálogo parece haberse congelado.
Fuentes diplomáticas colombianas confirmaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota de protesta formal a la embajada estadounidense, solicitando detalles de las operaciones y la identidad de las víctimas.
Por su parte, la oposición colombiana acusó a Petro de “debilitar” la cooperación con Estados Unidos y de “dar excusas” al narcotráfico. Sin embargo, un sector de la sociedad civil considera que el gobierno está actuando con prudencia al exigir respeto por la soberanía.
Con información de La Jornada
*BC
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