Su artero asesinato conmocionó a niveles internacional, nacional y local. Su ejercicio periodístico confirmó la violencia en el país y un atentado contra la libertad de expresión, máxime cuando se sabe que están involucrados personajes responsables de huachicol.
El ejercicio periodístico es hoy más vulnerable que nunca.
La Sociedad Interamericana de Prensa repudia el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, director de la página digital Noticias San Martín Texmelucan, ocurrido el pasado jueves 16 de julio en su tierra, San Martín Texmelucan.
La noche del sábado agentes ministeriales detuvieron a Javier Montalvo, presidente de la junta auxiliar de la junta de San Lucas Atoyatenco donde falleció, por sospechas de estar implicado en el crimen.
Martínez Contreras, conocido como Josué Mac o “El Jaguar”, también era abogado y maestro. Fue atacado a balazos por desconocidos que llegaron en motocicleta hasta su casa en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, donde le dispararon frente a su hijo de 13 años.
A través de Noticias San Martín Texmelucan, página informativa en Facebook, el comunicador difundía información local y realizaba cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto en la región, según informó la organización Artículo 19.
Meses antes había recibido amenazas relacionadas con información publicada sobre un grupo delictivo. Poco después del asesinato, circuló en la prensa un video grabado en el que Martínez Contreras denunciaba amenazas del edil auxiliar Montalvo en su contra.
Este antecedente refuerza la necesidad de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió alguna relación con su trabajo informativo.
Familiares y amigos dieron el último adiós a Josué Martínez, durante un emotivo cortejo fúnebre realizado la mañana del sábado 18 de julio. Con flores, globos blancos, confeti y consignas de "¡Justicia!", acompañaron el recorrido hacia el panteón de San Lucas Atoyatenco, donde fueron sepultados sus restos, al tiempo que exigieron el esclarecimiento del homicidio.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó su preocupación por “la violencia persistente contra periodistas en México” y recordó que “la impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa”.
Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, instó a las autoridades mexicanas “a no descartar la labor periodística como una posible línea de investigación y a garantizar justicia para la víctima y su familia”.
La violencia contra la prensa dejó al menos seis periodistas asesinados en México durante el primer semestre de 2026, además de amenazas, atentados e intimidaciones en distintas entidades. El caso más reciente fue el de Josué Martínez Contreras, ultimado en Puebla después de haber denunciado hostigamiento por sus investigaciones sobre el manejo del agua, en el que está involucrado el presidente de la junta auxiliar y una familia dedicada al huachicol en la región de Texmelucan.
Los seis periodistas asesinados en lo que va del año son: Manuel Alejandro Moreno Serna, ultimado el 3 de julio en Zihuatanejo; Roxana Berenice Guzmán, de Veracruz, quien fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida; Luis Ángel López Valdez, asesinado el 11 de junio en Poza Rica; Juan David Gámez, muerto en marzo en Nuevo León, y Carlos Castro, asesinado el 8 de enero también en Poza Rica.
En noviembre de 2025, el periodista difundió un video en el que denunció actos de hostigamiento por parte de autoridades municipales y personal de la Comisión Nacional del Agua, luego de publicar señalamientos sobre tomas clandestinas de agua y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos relacionados con el servicio.
El Jaguar aseguró que funcionarios acudieron a su domicilio para reclamar un supuesto adeudo por consumo de agua, pese a que mostró comprobantes de pago.
También afirmó haber cubierto una multa de seis mil pesos y sostuvo que las presiones estaban relacionadas con sus denuncias públicas sobre el manejo del sistema de agua potable en su municipio, en el que están involucrados los huachicoleros.
Reporteros Sin Fronteras criticó la respuesta de las autoridades mexicanas frente a la violencia contra la prensa. El director de la organización para América Latina, Artur Romeu, señaló que abrir investigaciones después de cada asesinato resulta insuficiente y pidió al Gobierno federal implementar medidas efectivas de prevención, protección y rendición de cuentas para evitar nuevos ataques contra periodistas
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado en distintas ocasiones que los casos son revisados por el gabinete de seguridad y permanecen bajo investigación. Además de los homicidios, durante este año se han documentado múltiples agresiones contra periodistas en distintas entidades.
Los sicarios que mataron a El Jaguar tenían instrucciones precisas y no importó que fuera acompañado de su hijo de 13 años.
La condena del gobernador Armenta y de la presidenta Sheinbaum debe estar respaldada por acciones y detenciones de los responsables máxime cuando hay gente del huachicol que está detrás de las amenazas y no se descarta que, del homicidio en San Martín Texmelucan, por lo pronto ellos están impulsando protestas por la detención del presidente de la junta auxiliar, Javier Montalvo, y las amenazas de bloquear la autopista México-Puebla.
De las anécdotas que se cuentan
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han advertido que, además de la violencia física, en diversas entidades se impulsan medidas legales y administrativas para limitar el ejercicio de la libertad de expresión en México.
Reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el trabajo periodístico.
No se puede hablar de libertad de prensa cuando al ejercer ese derecho el punto final es la muerte.
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*ARD
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