A unas semanas de que termine 2025, aprobado el Presupuesto de Egresos federal para el próximo año se vislumbran enormes problemas y retos para las finanzas públicas de México el próximo año.
Con base en analistas y organismos internacionales, habrá problemas por el manejo del déficit público elevado, el incremento de la deuda, y las presiones por los apoyos a empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, y varios analistas económicos han advertido sobre los siguientes problemas económicos.
El principal señalamiento es el elevado déficit público heredado, cercano a los seis puntos del Producto Interno Bruto, lo que representa un desafío para la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y un reto para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los analistas han identificado la precariedad fiscal y el desequilibrio de las finanzas públicas como problemas estructurales que inciden directamente en la situación económica del país y que el presupuesto no aborda de manera suficiente.
Los diputados federales de la mayoría fueron cautos en la elaboración del presupuesto, aunque prioriza el gasto social y de bienestar, se advierten recortes en otras áreas, como el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que sufrió una reducción real del 4.5% respecto al año anterior, lo que podría impactar la infraestructura hídrica.
Además, hubo acusaciones de la oposición de que el aumento al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) en ciertos productos no garantiza que esos fondos se asignen al sector salud como fue la propuesta presidencial y de Hacienda.
Los expertos señalan que el presupuesto refleja debilidades crónicas del Estado Mexicano, con ingresos previstos que podrían resultar insuficientes para cubrir el gasto aprobado, especialmente si la economía no crece como se proyecta. Se estima un crecimiento entre 1.5% y 2.5% para 2026.
El proceso de aprobación estuvo marcado por confrontaciones y señalamientos de la oposición sobre la falta de transparencia en el manejo y reasignación de recursos, con un uso discrecional de los mismos para programas prioritarios del gobierno federal en detrimento de otros rubros y entidades federativas específicas.
El balance fiscal de las empresas públicas, como Pemex, sigue siendo un tema de preocupación, y el presupuesto contempla recursos para su "rescate", lo que genera dudas sobre su viabilidad financiera a largo plazo y su impacto en las finanzas nacionales
El desafío de un déficit público cercano a los seis puntos del PIB que dejó la administración de López Obrador, lo que representa una carga significativa para el nuevo gobierno. Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que el déficit disminuya en 2026, analistas y calificadoras, como Fitch Ratings, dudan que la consolidación fiscal sea sencilla después de 2025.
Para financiar el presupuesto de 2026, se ha programado un incremento en la deuda pública. La estrategia de financiamiento se centra en deuda en moneda nacional y a largo plazo, pero la sostenibilidad de este endeudamiento genera dudas entre los expertos, especialmente si los ingresos del gobierno no cumplen con las expectativas.
Además, las finanzas públicas siguen presionadas por los apoyos extraordinarios y constantes a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Estos apoyos limitan los recursos disponibles para otras áreas y representan un riesgo para la calificación soberana del país.
Existe un contraste entre las proyecciones de crecimiento del gobierno (hasta 2.3% para 2026) y las de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analistas privados (alrededor de 1.4%-1.5%). Si el crecimiento real es menor al esperado por el gobierno, los ingresos presupuestarios podrían caer, afectando las metas fiscales.
Gran parte del presupuesto aprobado ya está comprometido en programas sociales y proyectos prioritarios, lo que deja poco margen de maniobra para el gobierno federal de Sheinbaum ante imprevistos económicos o necesidades de inversión en otras áreas como salud o seguridad.
El entorno económico global sigue siendo incierto. La política de endeudamiento busca reducir la exposición a la volatilidad financiera global, pero factores externos podrían afectar las variables macroeconómicas y requerir ajustes en las metas fiscales.
El principal reto de las finanzas estatales será mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar la sostenibilidad fiscal en un contexto de alto gasto público y un crecimiento económico que podría ser menor al proyectado oficialmente.
Nada fácil el escenario del próximo año para el gobierno mexicano, pero es lo que hay.
De las anécdotas que se cuentan
El presupuesto del 2026 se centra en la consolidación fiscal y el financiamiento de proyectos y programas prioritarios del gobierno, incluyendo:
Se garantizan y fortalecen programas sociales clave, como la Pensión para Personas Adultas Mayores y las Becas Benito Juárez.
Se prioriza la transformación del sistema de salud a través del modelo República Sana y el fortalecimiento del IMSS-Bienestar.
Se garantiza el "rescate" de Pemex y se asignan recursos a proyectos energéticos estratégicos.
Se han aprobado aumentos en los recursos destinados a educación, ciencia y tecnología.
Garantizan el financiamiento de proyectos de infraestructura considerados clave para el crecimiento económico, aunque no se detallan cancelaciones de proyectos específicos, sino una priorización de los mismos, como las magnas obras de López Obrador.
Para 2026 reasignan recursos hacia las prioridades de la administración Sheinbaum, lo que resulta en recortes para otras áreas y una compactación de programas existentes.
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