Dos cárteles de cuello blanco

En corto, el gobernador Alejandro Armenta ha comentado su preocupación y enojo por los problemas en la administración que encontró y en la que registradores y empleados públicos, notarios, jueces y funcionarios judiciales están implicados.

Su orden es investigar y no detenerse en influencias ni vínculos políticos de nadie que sea culpable de diversos delitos, en especial el despojo y el pago injusto de indemnizaciones millonarias.

Hace unos días, informó en reunión con medios que investigan a “delincuentes de cuello blanco” que forman parte del cártel inmobiliario que, en complicidad con jueces de Oaxaca y Puebla, despojó de sus casas a 7 familias de San Andrés Cholula, esto como un ejemplo que sumará más delitos y víctimas.

Destacó que detrás del cártel inmobiliario hay vínculos nacionales y delincuentes que se infiltraron en el Poder Judicial de Puebla y en la administración pública estatal, desde sexenios anteriores. “Los grupos delictivos de cuello blanco como los cárteles inmobiliarios o cárteles del despojo tienen poder, dinero, manipulan la información, vínculos nacionales, y pueden acusar al gobierno de Puebla de autoritarismo y de que les afectamos sus derechos, por eso debemos actuar extremadamente meticulosos”, acotó.

Un ejemplo, el pasado 16 de julio se conoció la presencia de un cártel inmobiliario de Oaxaca que opera en Puebla, luego que por medio de una orden judicial siete familias de la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, fueron desalojados de sus propiedades.

Un afectado, Juan Carlos Ruiz Ortega, explicó que sus inquilinas le llamaron para avisarle que hombres tocaron a la puerta y con una orden judicial los sacaron de la casa, una propiedad que él adquirió con su crédito Infonavit.

Dos personas simularon un juicio mercantil en Oaxaca y en garantía de la deuda pusieron la casa de una tercera persona que no tiene nada que ver con el juicio. El terreno en conflicto es donde están asentadas las siete casas.

En Oaxaca, el Juez Mixto Paulino Coronel, ordenó adjudicar la zona como garantía de pago, mientras que en Puebla la orden fue ejecutada por el Juez de Exhortos de la zona metropolitana, José Cuauhtémoc Blázquez.

Los propietarios de las siete viviendas denunciaron que en ningún momento fueron notificados de que el predio o las casas formaban parte de un juicio mercantil, solamente los sacaron de las viviendas con lo que llevaban puesto y no han podido ingresar a sacar pertenencias, documentos u objetos de valor, aun cuando son los legítimos dueños.

No son los únicos afectados y las denuncias por hechos similares se empiezan a acumular por los despojos que sufren los poblanos ante verdaderos criminales de cuello blanco, que están incrustados en la administración estatal y en el Poder Judicial local.

De las anécdotas que se cuentan

La historia de ilegalidades no termina ahí, también hay un cartel de laudos al que se enfrenta el gobierno armentista y que está vinculado con despidos de servidores públicos que amenazan como una carga financiera para la administración local, que esta denunciada y perdiendo juicios laborales.

“Se está actuando, no hay omisión, pero somos cuidadosos porque cuando llegamos a la administración heredamos una carga de laudos, era un negocio hacer laudos en Puebla. Descubrimos el cartel de los laudos. La corrupción es como una cañería que tiene muchas fugas, tapas una y te sale otra”, insistió.

Con base en el Informe sobre Pasivos Contingentes de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, el gobierno enfrenta laudos laborales por mil 289 millones 703 mil pesos con corte al primer semestre del año, de los cuales la mayoría corresponde a juicios promovidos por ex empleados de Salud y representan el pago de 312 millones 847 mil 682 pesos.

Educación Pública tiene juicios por 284 millones 114 mil 470 pesos; Finanzas con procedimientos por el pago de 194 millones 940 mil 540 pesos y Gobernación compromisos por 123 millones 68 mil 471 pesos.

“Lo más fuerte fue en 2015, en el tema de los despidos, es lo que ahorita se está registrando, pero insisto hasta que no se determine por la autoridad no podemos pagarlo”, depende de la resolución judicial que tengan.

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