En México, 44.5 millones de personas presentaban carencia de acceso a servicios de salud en 2024, lo que representaba el 34.2% de la población, de acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra forma parte del contexto examinado por una investigación presentada el 9 de noviembre de 2026 en El Colegio de México, que advierte sobre las dificultades para recibir atención médica y el impacto económico de las enfermedades en las familias.

El estudio, titulado “Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México (2000-2025)”, analiza los cambios en la cobertura médica, el financiamiento, las condiciones de trabajo del personal sanitario y las diferencias en la atención entre instituciones públicas y privadas.

Entre sus resultados destaca que 5.7 millones de hogares enfrentaron gastos médicos excesivos, mientras las dificultades de acceso a servicios públicos han llevado a numerosas familias a recurrir a consultorios privados, comprar medicamentos o pagar directamente por estudios y tratamientos.

¿Cuántos mexicanos carecen de acceso a servicios de salud?

La información oficial del INEGI muestra que la población con carencia de acceso a servicios médicos aumentó considerablemente durante los últimos años.

En 2018, el indicador comprendía a 20.1 millones de personas, equivalentes al 16.2% de la población. Para 2022 alcanzó los 50.4 millones, que representaban el 39.1%.

Dos años después, la cifra disminuyó a 44.5 millones de personas, es decir, 5.9 millones menos que en 2022, aunque todavía se mantiene por encima del nivel registrado en 2018.

La medición considera a las personas que no reportan adscripción o derecho a recibir servicios médicos mediante alguna de las instituciones reconocidas en la metodología de pobreza multidimensional.

Por ello, tener carencia de acceso no significa necesariamente que una persona nunca haya recibido atención médica, sino que no cuenta con el acceso institucional identificado por el indicador.

Las diferencias también se presentan entre zonas urbanas y rurales. En 2024, el INEGI registró esta carencia en 48.7% de la población rural, frente al 30.1% de la población urbana.

Gastos médicos excesivos afectan a 5.7 millones de hogares

La investigación Salud quebrada señala que 5.7 millones de hogares mexicanos enfrentaron gastos excesivos relacionados con la atención de enfermedades.

De acuerdo con los investigadores, la incidencia de estos desembolsos aumentó 73% entre 2014 y 2024, una situación que relacionan con las dificultades para acceder a servicios públicos y con la necesidad de pagar atención médica privada.

El problema incluye a familias que deben destinar una parte considerable de sus recursos a medicamentos, consultas, análisis clínicos y tratamientos.

El estudio también señala que alrededor de la mitad de los hogares ha recurrido a servicios privados de salud, entre ellos los consultorios ubicados junto a farmacias.

Estos resultados corresponden a estimaciones de la investigación académica y no deben confundirse con las cifras oficiales del INEGI sobre carencia de acceso, ya que ambos indicadores utilizan metodologías distintas.

México tiene menos médicos y camas hospitalarias que el promedio de la OCDE

La disponibilidad de personal e infraestructura es otro de los aspectos examinados por los especialistas.

Según el informe Health at a Glance 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México contaba con 2.7 médicos por cada mil habitantes, frente a un promedio de 3.9 entre los países integrantes.

En personal de enfermería, el país registraba 3 trabajadores por cada mil habitantes, mientras el promedio de la organización era de 9.2.

La diferencia también se observa en las camas hospitalarias: México disponía de una cama por cada mil habitantes, frente a las 4.2 registradas en promedio por la OCDE.

En cuanto al financiamiento, la organización reportó que el gasto total en salud de México equivalía al 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio de 9.3% de sus países integrantes.

Por su parte, el estudio Salud quebrada señala que el gasto público sanitario se mantiene alrededor del 2.8% del PIB y propone incrementarlo progresivamente para fortalecer los servicios.

Las dos cifras corresponden a conceptos diferentes: el gasto público considera los recursos gubernamentales, mientras el gasto total también incluye financiamiento privado.

IMSS, INSP e INCan cuestionan resultados de Salud quebrada

Después de la presentación del estudio, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) aclararon que no participaron institucionalmente en la elaboración ni avalaron sus conclusiones.

Aunque investigadores vinculados con ambas instituciones colaboraron en el proyecto, señalaron que el documento no representa una postura oficial de esos organismos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también cuestionó algunos resultados, particularmente los relacionados con mortalidad materna, condiciones laborales del personal sanitario y cobertura de atención.

Entre sus argumentos, el instituto sostuvo que la mortalidad materna en sus servicios disminuyó desde 2021, mientras la investigación académica analiza tendencias más amplias del sistema nacional.

Las diferencias entre ambas posiciones requieren considerar que los indicadores pueden corresponder a distintos periodos, poblaciones e instituciones.

El informe examina las reformas realizadas durante 25 años, desde la creación del Seguro Popular hasta la transición al Insabi y al IMSS-Bienestar, y plantea la necesidad de mejorar el financiamiento, el acceso a medicamentos y la coordinación entre instituciones.

Entre sus propuestas destaca elevar gradualmente el gasto público en salud hasta 3.5% del PIB en 2030 y alcanzar el 6% en 2043, como parte de una estrategia de cobertura universal.

El Gobierno federal, por su parte, ha anunciado un esquema de Servicio Universal de Salud cuya primera etapa está prevista para 2027, con el propósito de facilitar la coordinación entre los distintos sistemas públicos de atención médica.

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