La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió conversaciones de WhatsApp, videos, fotografías, documentos e información financiera de personas que colaboran en una investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales.
El organismo fiscalizador informó el lunes 9 de noviembre de 2026 que, por primera vez, trabaja directamente con informantes que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de aportar información sobre posibles actos de corrupción cometidos durante varios años.
Los testimonios han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos, con el propósito de favorecer sus propios intereses en los procedimientos de contratación pública.
La investigación también comprende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar elecciones en las entidades federativas, y forma parte de una revisión más amplia sobre el ejercicio de recursos públicos destinados a los procesos electorales.
¿Qué información entregaron los informantes a la ASF?
La ASF detalló que los colaboradores proporcionaron testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera y conversaciones de WhatsApp, además de domicilios, nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
Los materiales proceden de personas que, de acuerdo con el órgano fiscalizador, conocen cómo habrían operado las irregularidades en las contrataciones públicas durante varios años.
La Auditoría incorporó esa información a las investigaciones sobre grupos empresariales relacionados con organismos electorales. Entre los señalamientos se encuentra la posible intervención de empresarios en decisiones que debían formar parte de los procedimientos institucionales de adquisición.
El organismo indicó que continuará las investigaciones para identificar a otras personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y promover las responsabilidades que correspondan.
Informantes pueden obtener reducción de sanciones
Las personas que colaboran con la ASF buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, sustentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los artículos 88 y 89 de esta legislación permiten que una persona involucrada en determinadas faltas administrativas confiese su responsabilidad y aporte elementos que contribuyan a comprobar una infracción.
La ley contempla una reducción de entre 50% y 70% de las sanciones económicas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, entre ellos aportar oportunamente elementos suficientes para demostrar la infracción y la responsabilidad de quienes participaron.
También prevé beneficios relacionados con la inhabilitación para participar en contrataciones públicas. Cuando la confesión ocurre después del inicio del procedimiento administrativo, la reducción puede ser de hasta 30%, conforme a las condiciones legales aplicables.
La colaboración con las autoridades no implica que los informantes reciban automáticamente estos beneficios. La procedencia y el alcance de cada reducción dependen de los requisitos legales y de la valoración de las autoridades competentes.
Investigación abarca contratos anteriores a Guadalupe Taddei
Las indagatorias se desarrollan después de los señalamientos por posibles conflictos de interés y contrataciones irregulares durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del INE el 25 de octubre de 2026.
Sin embargo, la revisión anunciada por la ASF comprende operaciones realizadas desde el año 2000, cuando el organismo todavía funcionaba como Instituto Federal Electoral (IFE).
El órgano fiscalizador estableció tres líneas de trabajo: una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones públicas, un estudio histórico de las adquisiciones para identificar patrones y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
El 6 de noviembre, el INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas constitutivas de delito relacionadas con el ejercicio de recursos públicos.
Dos días antes, el 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas, de las cuales 25 son físicas y 15 morales, vinculadas con proveedores electorales. La dependencia explicó que identificó operaciones financieras que ameritan revisión y presentó una denuncia ante la FGR.
La UIF precisó que el bloqueo constituye una medida administrativa preventiva y no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
La investigación de la ASF mantiene como uno de sus ejes la posible participación de empresas proveedoras en la definición de condiciones de contratación que habrían favorecido sus propios intereses.
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