El empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales, afirmó en una grabación que amenazó a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), con revelar información comprometedora si algo le ocurría. El material fue difundido el jueves 5 de noviembre de 2026 como parte de una investigación sobre la relación del contratista con funcionarios del organismo.

En uno de los videos, el empresario asegura que conservaba declaraciones y grabaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá, que habría utilizado como una garantía frente a posibles represalias. La conversación corresponde al conflicto que, según el reportaje, ambos sostuvieron durante los primeros meses de 2026.

La advertencia aparece en una serie de grabaciones sobre presuntas irregularidades en contratos y decisiones administrativas del INE. Las revelaciones se producen después de la renuncia de Taddei, formalizada el 26 de octubre, y mientras distintas autoridades revisan operaciones relacionadas con proveedores electorales.

¿Qué dijo el contratista de Guadalupe Taddei en los videos?

Hernández Casillas relata que advirtió a Taddei sobre la existencia de declaraciones suyas resguardadas fuera de México. En el fragmento difundido utiliza expresiones amenazantes contra la exfuncionaria y el organismo electoral.

El empresario sostiene que ese material podía divulgarse si sufría algún daño. De acuerdo con la investigación, las grabaciones habrían sido realizadas por él mismo durante el deterioro de su relación con la entonces presidenta del INE.

En otra conversación, Hernández Casillas menciona un acuerdo relacionado con la Secretaría de Gobernación y reprocha que se hubiera hablado del asunto cuando, según su versión, existía el compromiso de mantenerlo reservado.

La referencia no identifica el contenido de ese acuerdo ni acredita una participación irregular de la dependencia.

Contratista menciona 62 plazas y movimientos de personal en el INE

Las grabaciones también contienen referencias a 62 plazas del organismo electoral y a decisiones administrativas relacionadas con Iliana Araceli Hernández Gómez, exfuncionaria del instituto.

Hernández Casillas afirma que dos personas vinculadas con ella fueron dadas de baja en diciembre. Durante la conversación rechaza que todas las plazas mencionadas estuvieran bajo su control y habla de otros puestos que, según sus declaraciones, conocía.

El empresario también sostiene que una persona que anteriormente prestaba servicios de masaje a Hernández Gómez fue contratada por el organismo electoral.

Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos contenidos en los videos. Las grabaciones no acreditan por sí mismas que las 62 plazas fueran ficticias ni que las contrataciones mencionadas constituyeran actos ilícitos.

El INE revisa contratos tras la renuncia de Taddei

La difusión de los videos ocurre después de que Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE el 26 de octubre. Al día siguiente, el Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del organismo.

El nombramiento quedó formalizado mediante el acuerdo INE/CG656/2026 del Consejo General, que establece que Cruz García permanecerá en el cargo hasta que la Cámara de Diputados designe a la persona que concluirá el periodo correspondiente.

El 29 de octubre, la nueva presidenta provisional informó que el instituto había comenzado una revisión de su estructura administrativa y que colaboraría con las autoridades encargadas de investigar las presuntas irregularidades.

Entre las medidas anunciadas se encontraba la separación de tres personas servidoras públicas y la revisión de decisiones internas adoptadas durante la gestión anterior.

La investigación sobre proveedores también alcanzó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que el 4 de noviembre reportó la incorporación de 25 personas físicas y 15 empresas a su lista de personas bloqueadas por operaciones financieras bajo investigación. La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El bloqueo de recursos es una medida administrativa y no constituye una sentencia penal. La UIF tampoco identificó públicamente a todas las personas incluidas en la lista.

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